La provincia de Tarragona perdió en 2025 un total de 1.896 viviendas de protección oficial, una salida del parque protegido que afecta especialmente a Tarragona capital, Reus, Amposta, El Vendrell y Tortosa. Los datos de la Generalitat reflejan además que, si no hay intervención, unas 5.000 viviendas protegidas de la demarcación habrán caducado en 2030.
La pérdida de protección se concentró este año en varios de los principales municipios de la provincia. En Tarragona capital caducaron 250 viviendas protegidas y en Reus, 274. A ellas se suman 230 en Amposta, 242 en El Vendrell y 170 en Tortosa.
Un parque amplio, pero con protección limitada en el tiempo
En la provincia de Tarragona hay casi 13.000 inmuebles con catalogación de VPO. De ese total, 1.827 viviendas, alrededor del 14%, tienen condición de permanente y no pueden perder la protección. El resto queda expuesto a la descalificación cuando vence el plazo fijado en su momento.
Las viviendas de protección oficial construidas después de 2019 mantienen ya la categoría de protección de forma indefinida. También tendrán esa condición las 50.000 viviendas protegidas anunciadas por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, al inicio del mandato.
La Generalitat activa una prórroga en zonas tensionadas
La reciente modificación de la ley de vivienda aprobada por la Generalitat permite frenar temporalmente la pérdida de pisos de protección oficial en los municipios declarados como zonas tensionadas. La medida, impulsada por el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, prorroga la protección inicial hasta marzo de 2027 y la vincula precisamente a la existencia de esas áreas con mercado residencial tensionado.
"La prórroga es una herramienta más para intervenir el mercado inmobiliario y frenar la especulación" - Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
La ampliación implica que las viviendas afectadas solo podrán venderse a precio tasado, deberán destinarse exclusivamente a uso residencial y no podrán convertirse en pisos turísticos ni en alojamientos de uso temporal.
"La clave del blindaje de esta medida es su temporalidad, ya que está condicionada a una situación excepcional" - Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
El mismo departamento defiende además que hay jurisprudencia suficiente para sostener que el derecho a una vivienda digna prevalece sobre el beneficio especulativo. En esa línea, asegura que Catalunya dispone por primera vez de una política de vivienda propia y estructural orientada a facilitar precios razonables.
Más de un millar de pisos seguirían protegidos
Si la ampliación se extiende también a 2027, 1.196 pisos de la provincia seguirían protegidos y no pasarían al mercado privado. Entre 2026 y 2027 mantendrán la protección 421 viviendas en Tarragona capital, 426 en Reus y 366 en Amposta.
También seguirían bajo ese régimen 371 viviendas en El Vendrell, 270 en Tortosa, 211 en Cambrils y 185 en la Ràpita.
Debate jurídico y críticas del sector
La prórroga se incorporó a la modificación legal después de que el Consell de Garanties Estatutàries expresara dudas sobre la fórmula escogida al considerar que podía vulnerar el principio de seguridad jurídica. Esa objeción ha alimentado el debate entre juristas, promotores y entidades vinculadas al derecho a la vivienda.
"Es un cambio de las reglas de juego que incide en la seguridad jurídica y en el derecho de propiedad" - Héctor Simón, Càtedra UNESCO d"Habitatge de la URV
Simón considera que se trata de una injerencia que afecta a la facultad de disfrute, aunque sea temporal, porque las viviendas fueron adquiridas en unas condiciones que ahora cambian. Al mismo tiempo, recuerda el origen del problema y sitúa el foco en la falta de previsión histórica tras la descalificación de este parque residencial.
"Fue un error no prever qué pasaría después de esa descalificación" - Héctor Simón, Càtedra UNESCO d"Habitatge de la URV
El director de la Càtedra UNESCO d"Habitatge de la URV recuerda que entre los años 60 y 2010 se construyeron más de seis millones de viviendas públicas en España, un modelo que permitió elevar de forma notable el acceso a la propiedad. A su juicio, ahora debe buscarse un mecanismo que concilie los intereses de la administración y de los propietarios para evitar que siga disminuyendo el parque disponible.
Desde el sector promotor, Daniel Roig, presidente de la comisión territorial de la Associació de Promotors de Catalunya en Tarragona, cuestiona la eficacia de la medida y la define como una política más de imagen que de fondo. A su entender, la caducidad de estas viviendas no guarda relación directa con el problema de acceso a la vivienda que se quiere resolver.
"Ni la oferta ni los precios se inmutarán" - Daniel Roig, APCE en Tarragona
Roig sostiene que se trata de pisos ya ocupados por familias propietarias y que su salida de la protección no supone por sí misma menos oferta en el mercado. También critica que la prórroga altere condiciones asumidas hace décadas por compradores que adquirieron esos inmuebles bajo otro marco normativo.
Entidades sociales piden conservar el parque existente
Frente a esas críticas, otras voces subrayan el valor de conservar el parque ya construido. Ferran Font, director de estudios de Pisos.com, advierte de que cuando una vivienda pasa al mercado libre deja de cumplir su función social y después resulta muy difícil revertir esa pérdida. Añade además que compensar la desaparición de VPO es un proceso lento y costoso, mientras que la descalificación tiene efectos inmediatos.
En la misma línea, Guillem Domingo, técnico del Observatori de Drets Socials i Ambientals, considera que en estas viviendas se han invertido muchos recursos públicos y que perderlas carece de sentido en un contexto de escasez de parque protegido.
"Es un plan de choque que permite mantener la función social de estos inmuebles" - Guillem Domingo, Observatori de Drets Socials i Ambientals
Domingo plantea además que, en el caso de las viviendas que ya perdieron la protección en 2025 y salgan a la venta, la administración debería estudiar su compra para mantener esa calificación. A su juicio, sale más rápido y más rentable conservar ese parque que levantar uno nuevo, en una provincia que afronta ya la pérdida de casi cuatro de cada diez viviendas protegidas antes de que termine la década si no se aplican medidas de contención.