Transparencia y privacidad: ¿hasta dónde con los sueldos públicos?
Hablar de dinero siempre es delicado. Y cuando se trata de sueldos en la administración pública, todavía más. Por un lado, está la exigencia de transparencia: los ciudadanos quieren saber en qué se gasta el dinero público y cuánto cobra la gente que trabaja para la administración. Por el otro, está la protección de datos: los salarios también forman parte de la vida privada de una persona. Entonces, ¿dónde trazamos la línea?
La Autoritat Catalana de Protecció de Dades se metió de lleno en este tema en un dictamen que, aunque pueda sonar técnico, en realidad toca un asunto bastante cotidiano: ¿puede cualquiera pedir información sobre el sueldo de un funcionario concreto?
Directivos vs personal general
El dictamen hace una distinción clara. Si hablamos de cargos directivos, personal de confianza o gente con responsabilidad especial, sus sueldos pueden publicarse con nombre y apellidos. ¿Por qué? Porque hay un interés general evidente: si esa persona gestiona recursos, dirige equipos o representa a la administración, es lógico que la ciudadanía sepa cuánto cobra. Transparencia al máximo.
Pero si hablamos del personal de a pie, la cosa cambia. Aquí la regla es que los datos salariales deben facilitarse en forma agrupada: sueldos mínimos, máximos, medias por categoría. Es decir, que puedas saber cuánto se paga en un rango de puestos, pero sin señalar con el dedo a nadie en concreto.
¿Y si alguien no quiere que se sepa?
Imagina que un trabajador se opone a que se publiquen sus datos. El dictamen dice que solo se puede limitar el acceso si hay una circunstancia personal concreta que lo justifique. Por ejemplo, situaciones de vulnerabilidad que hagan recomendable proteger la identidad de esa persona. Pero la oposición “por principio” no basta, sobre todo si ocupa un cargo de responsabilidad.
El equilibrio difícil
Lo interesante de todo esto es el equilibrio que se busca. La transparencia no significa barra libre para exponer datos personales. Y la privacidad tampoco puede usarse como excusa para ocultar información de interés público. Al final, se trata de aplicar sentido común:
Transparencia total en los puestos de alta responsabilidad.
Datos agregados y sin nombres en los puestos comunes.
Excepciones justificadas caso por caso.
Este debate demuestra que proteger la privacidad no está reñido con ser transparente. De hecho, se complementan. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se usa el dinero público, pero también las personas tienen derecho a que no se airee su vida privada sin motivo.
La clave, como siempre, está en el equilibrio: dar la información que hace falta para rendir cuentas, pero sin exponer más de lo necesario. Y en eso, la protección de datos actúa como freno para que la transparencia no se convierta en voyeurismo.