La Generalitat de Catalunya ha aprobado un cambio legal que permitirá a los ayuntamientos regularizar unas 730 urbanizaciones ilegales, un fenómeno extendido desde hace décadas y que afecta a miles de vecinos que residen en ámbitos fuera de ordenación y, en muchos casos, sin servicios públicos básicos.
La medida se enmarca en una realidad que va más allá de Catalunya. No existe un recuento oficial estatal sobre viviendas ilegales, aunque una aproximación elaborada a partir de datos autonómicos y de especialistas en geografía y urbanismo sitúa la cifra en más de 665.500 viviendas en toda España.
Un problema arrastrado desde el desarrollismo
Buena parte de estas urbanizaciones se levantaron al margen de la ordenación urbanística, sobre todo entre los años 60 y 80, en pleno desarrollismo. Su expansión fue especialmente intensa en el Levante español. En numerosos casos, esos asentamientos llegaron a disponer de luz y agua, y sus residentes figuran en el padrón y pagan impuestos, pese a seguir fuera de la legalidad urbanística.
El origen normativo se remonta a la ley del suelo de 1956, que fijó un aprovechamiento urbanístico genérico para el suelo rústico de 1 m3 m2. Ese marco permitió implantar edificaciones residenciales y turísticas en terrenos no urbanizables. La ley de 1975 eliminó esa posibilidad, aunque en muchos municipios se siguió construyendo de facto al cumplirse determinadas exigencias o, simplemente, por la falta de planes urbanísticos aprobados.
Vecinos censados y sin red básica de servicios
Una de las paradojas de estas urbanizaciones es que muchos residentes pagan tributos municipales, pero continúan sin acceso pleno a infraestructuras básicas. En distintas zonas faltan abastecimiento de agua, alumbrado, asfaltado o alcantarillado.
"Pagamos el IBI y la tasa de basuras, pero no tenemos servicios" - Pipe, vecino de El Tallar
"Los camiones de la basura ni entran. Solo tenemos dos zonas de contenedores fuera de la urbanización, y el agua y la luz las pagamos desde la asociación" - Pipe, vecino de El Tallar
El Tallar, en Mejorada del Campo, es una de las tres urbanizaciones ilegales de ese municipio madrileño. Suma 2.000 viviendas de distinto tipo y lleva 45 años fuera de la legalidad.
Andalucía y la Comunitat Valenciana concentran buena parte del volumen
En Andalucía, los cálculos de la Junta apuntan a 500.000 edificaciones en suelo no urbanizable. De ese total, alrededor de 300.000 son irregulares, principalmente en las provincias de Málaga, Granada y Almería. Esa cifra procede de una normativa orientada a legalizar construcciones que cumplieran determinados requisitos para poder recibir servicios en condiciones mínimas de seguridad y salubridad.
En la Comunitat Valenciana se contabilizan 193.919 viviendas ilegales construidas en suelo no urbanizable. En 2014, el Gobierno valenciano aprobó una ley que introdujo mecanismos para su legalización mediante la minimización del impacto territorial. Del total de inmuebles irregulares, el 27% se encuentra en suelo no urbanizable protegido.
Madrid supera las 10.500 construcciones ilegales
En la Comunidad de Madrid hay más de 10.500 construcciones ilegales repartidas en cerca de 184 urbanizaciones de origen ilegal. El caso de El Tallar refleja una situación compartida en distintos puntos del país, donde miles de propietarios y residentes siguen a la espera de soluciones urbanísticas que permitan encajar barrios enteros levantados fuera del planeamiento.
Con el cambio aprobado por la Generalitat, Catalunya abre ahora una vía para que los ayuntamientos puedan actuar sobre ese legado urbanístico y abordar la regularización de centenares de urbanizaciones que, pese a existir desde hace décadas, continúan en un limbo administrativo.