Un menor del barrio de la Bordeta lleva dos meses sin asistir a clase después de denunciar un presunto caso de acoso sexual por parte de otro alumno, también menor, en un centro educativo de la zona. La situación se remonta a hace dos años, cuando ambos cursaban cuarto de primaria, aunque ahora están en sexto.
El niño relató los hechos el pasado 8 de febrero. Dos días después, su familia comunicó lo ocurrido tanto a la unidad de menores de los Mossos d'Esquadra como al propio centro escolar. A partir de ese momento se activaron las vías administrativa, educativa y de protección previstas para este tipo de casos.
Activación del protocolo y separación de los alumnos
El centro aplicó el protocolo de prevención y gestión de situaciones de violencia entre iguales el 17 de febrero. Entre las primeras medidas adoptadas figuró la separación de los dos alumnos implicados, con el objetivo de evitar el contacto entre ambos dentro del entorno escolar.
La familia sostiene, sin embargo, que no se le ha ofrecido "una opción aceptable y segura" para que el menor pueda regresar a las aulas. Ese desacuerdo mantiene al niño fuera del colegio desde hace semanas.
Intervención de Barnahus y fiscalía de menores
Desde el Consorci d"Educació y la Inspección de Educación se ha informado de que el caso fue derivado al servicio Barnahus y que los hechos también fueron puestos en conocimiento de la fiscalía de menores. La administración asegura que está estudiando medidas para garantizar el derecho a la educación de ambos alumnos implicados.
El Consorci d"Educació mantiene que la familia ha decidido no llevar al niño a la escuela al considerar insuficientes las alternativas planteadas hasta ahora. Añade además que, hasta este momento, los familiares habían rechazado las medidas protectoras y educativas propuestas, al alegar el malestar del menor y defender que el otro compañero debería cambiar de centro educativo.
El caso sigue bajo intervención de los servicios competentes mientras persiste el desacuerdo sobre la solución escolar. A la espera de nuevas decisiones, el menor continúa sin volver a clase en un conflicto que afecta de lleno a su escolarización y a la gestión de la convivencia en el centro.