La Fundació Arrels calcula que un 24 % de las personas extracomunitarias sin hogar encuestadas podría acogerse a la regularización de inmigrantes, aunque advierte de que buena parte de este grupo afrontará obstáculos importantes para completar el proceso.
La entidad sitúa en un 75 % el porcentaje de personas que tendrán serias dificultades por su situación de exclusión social. El principal problema, apunta, no es solo administrativo. También económico. Los costes derivados de traducciones, legalizaciones y la obtención de documentos del país de origen se mueven entre los 600 y los 700 euros.
El coste y la falta de documentación complican el trámite
Eva Hobeich, responsable del equipo jurídico de la entidad, sostiene que el coste es "uno de los problemas más grandes" con los que toparán las personas que intenten acogerse a esta vía de regularización.
"Es uno de los problemas más grandes" - Eva Hobeich, responsable del equipo jurídico de la entidad
A esa barrera económica se suma la dificultad para acreditar la residencia en España. El procedimiento requiere un empadronamiento histórico, un trámite especialmente complejo para quienes viven en la calle y no han podido mantener una vinculación administrativa estable con un domicilio.
La situación se enmarca en un contexto de fuerte vulnerabilidad residencial. El 54 % de las personas sin hogar encuestadas el año pasado calificó de "difícil o muy difícil" conservar la vivienda, un dato que refleja la fragilidad con la que muchas llegan a cualquier trámite de regularización.
Arrels ve margen para regularizar, pero reclama acompañamiento
Hobeich remarca que, pese a las trabas, existe margen para que una parte de este colectivo acceda al procedimiento. La jurista defiende que se abre "la oportunidad de dar derechos civiles a una persona que hace mucho tiempo que no los tiene y no se dejará pasar".
"La oportunidad de dar derechos civiles a una persona que hace mucho tiempo que no los tiene y no se dejará pasar" - Eva Hobeich, responsable del equipo jurídico de la entidad
La responsable jurídica también avisa de que el proceso no será sencillo para personas en situación de calle si no cuentan con apoyo especializado. A su juicio, no es factible afrontarlo sin el acompañamiento de una entidad social y considera necesaria la intervención de un jurista para poder reunir la documentación y superar los requisitos exigidos.
"No es factible que se pueda hacer el proceso sin el acompañamiento de una entidad social" - Eva Hobeich, responsable del equipo jurídico de la entidad
La previsión de Arrels dibuja así una doble realidad. Por un lado, una parte de las personas extracomunitarias sin hogar podría beneficiarse de la regularización. Por otro, la falta de recursos, las dificultades para demostrar la residencia y la exclusión social amenazan con dejar fuera a muchos de los potenciales beneficiarios si no se articula un acompañamiento sostenido.