La Audiencia de Tarragona ha fijado para el 30 de junio el juicio por la caída de la Sección de Crédito de la Cooperativa Agrícola de l"Aldea, siempre que no se produzcan nuevas dilaciones. La causa se remonta al bloqueo de los ahorros de centenares de familias, que comenzó el 1 de diciembre de 2011 y abrió una crisis económica y social de gran alcance en este municipio del Baix Ebre.
El colapso afectó a 408 familias y dejó un agujero total de 7 millones de euros de deuda. De esa cantidad, 4,6 millones correspondían a los ahorros de los impositores. El caso sacudió a buena parte del pueblo, de 4.500 habitantes, donde numerosas familias tenían depositado en la sección de crédito el dinero de toda una vida.
"El choque fue muy duro para muchas familias trabajadoras, un perfil de clase media, pero de rebote afectó a todo nuestro pueblo, de 4.500 habitantes" - Xavier Royo, alcalde de l"Aldea
Una causa con varios investigados
El principal investigado es el exgerente Daniel Ferré. La Fiscalía solicita para él 14 años de prisión, además de multas e indemnizaciones a la cooperativa. Le atribuye, presuntamente, un delito continuado de falsedad contable, un delito continuado de falsedad en documento mercantil con defraudación a los presupuestos de la Unión Europea, alzamiento de bienes, insolvencia punible y apropiación indebida.
Ferré empezó a trabajar en la cooperativa en 1981 como contable y fue designado gerente en 1996. En 2004 recibió un poder general para llevar a cabo toda clase de negociaciones y operaciones ligadas al objeto social de la cooperativa.
En la causa también figuran otras nueve personas físicas y una jurídica, Bankia, antigua Caja Madrid. La Fiscalía pide para esta entidad una multa de 14 millones de euros por apropiación indebida. Entre los acusados están Antonio Fornós y Manuela Buera, exdirector y exsubdirectora de la sucursal de Caja Madrid con la que operaba la sección de crédito, para quienes se reclaman tres años y medio de prisión por el mismo delito.
BDO Auditores aparece investigada como responsable civil subsidiaria. Su responsable, Juan Carlos Torres, está acusado de falsedad contable y se enfrenta a una petición de dos años y medio de prisión. El fiscal sostiene sobre su actuación que informaba de que las cuentas eran reflejo de la realidad, cuando no reflejaban la situación económica y financiera de la mercantil.
Para el resto de investigados, entre ellos antiguos responsables de la cooperativa, la Fiscalía pide penas de dos años y medio de prisión y multas.
Las causas de la quiebra, bajo investigación
La investigación sitúa el foco en presuntas inversiones arriesgadas y desproporcionadas, una supuesta gestión temeraria y opaca, controles insuficientes, falta de garantías bancarias, auditorías dudosas e ineficaces, la crisis de mercado e irregularidades contables. Todo ello dibuja un escenario que ahora deberá examinarse en sede judicial.
Montse Llosa, primera presidenta de la cooperativa tras la quiebra, sostuvo que en la etapa anterior el gerente era quien lo manejaba todo y aseguró que empezó a impulsar obras faraónicas y gastos gigantescos. La demanda inicial también se dirigió contra la Generalitat por fallos en los mecanismos de control, aunque finalmente quedó fuera del procedimiento.
El impacto en l"Aldea
La sección de crédito ofrecía depósitos a plazo con una remuneración un 2% superior a la de otras entidades. Si el mercado estaba al 4%, allí se pagaba al 6%. Ese atractivo hizo que muchos socios y vecinos concentraran sus ahorros en la cooperativa.
Las consecuencias fueron inmediatas. Según el actual presidente de la cooperativa, Miquel Carles, en algunos casos la economía de toda una vida quedó a cero y hubo personas sin dinero ni para comprar comida. También relató que algunos socios tenían hasta 121.000 euros y acabaron con solo 500.
"A alguna gente, cuando se le acabó el dinero que tenía en casa, no podía ni ir a comprar el pan" - Enric, familiar de un impositor afectado
El paso del tiempo también ha dejado huella entre los afectados. Un 20% de los socios ya ha fallecido, según explica Carles. Pese a ello, una parte de las familias mantiene la esperanza de cerrar este episodio con una resolución judicial.
"Mi madre tiene una pequeña llama de esperanza, sobre todo por orgullo, porque para nosotros una sentencia sería pasar página y cerrar este episodio que nos marcó, a la familia y al pueblo" - Enric, familiar de un impositor afectado
Recuperación parcial del dinero
La cooperativa ha ido devolviendo parte de los fondos mediante un convenio de retorno progresivo de los ahorros, vigente entre 2018 y 2025 y ahora prorrogado. Los socios adheridos han recuperado un 19,5% de sus ahorros.
Carles asegura que todavía quedan por devolver unos 3 millones de euros y defiende que la actual junta ha logrado recuperar más de la mitad del dinero gracias a una gestión que define como quirúrgica. En este tiempo, la cooperativa ha puesto en marcha una tienda, alquila cámaras de refrigeración y creó una comercial para repartir productos de huerta a restaurantes en un radio de entre 60 y 100 kilómetros.
Desde el Ayuntamiento también se impulsaron medidas para favorecer la viabilidad de la entidad. El consistorio adquirió un almacén de 1.000 metros cuadrados y modificó normas urbanísticas para recalificar terrenos y facilitar su venta a posibles inversores.
La oferta para evitar el juicio no prosperó
A principios de 2023, CaixaBank, como entidad que asumió los activos de la antigua Bankia, ofreció 2,1 millones de euros de indemnización para evitar el juicio penal. La propuesta exigía que los 45 particulares y la cooperativa que ejercen la acusación particular retirasen los cargos contra la entidad.
El acuerdo no salió adelante porque cuatro personas se opusieron. Con esa vía cerrada, la causa sigue su curso y se encamina ahora a la vista oral prevista en Tarragona, una fecha esperada desde hace más de una década por decenas de afectados que aún no han recuperado sus ahorros y que buscan una respuesta judicial al golpe que cambió la vida económica de l"Aldea.