La situación en la Prefectura Provincial de Tráfico de Lleida vuelve a quedar en el foco tras la denuncia del sindicato CSIF, que habla de una grave situación en el servicio y reclama un refuerzo urgente de personal y recursos para garantizar una atención adecuada en la demarcación.
La queja llega después de que hace un par de semanas la Federación de Autoescuelas de Cataluña ya calificara de caótica la situación actual en Lleida. En ese momento, en la demarcación había unas 5.000 personas pendientes de las pruebas, una cifra que evidenciaba el atasco acumulado en los exámenes de tráfico.
Presión laboral y demoras en los exámenes
CSIF sostiene que parte del problema afecta directamente a la plantilla. El sindicato asegura que muchos de los profesionales con más arraigo en el territorio están de baja médica a causa de la presión laboral y del mal ambiente existente en el centro.
Esa situación, siempre según la organización sindical, se traduce en esperas que considera intolerables para examinarse, vehículos sin actividad y profesores de autoescuela que no pueden desarrollar su trabajo con normalidad. El impacto no se limita a la administración, sino que alcanza de lleno al funcionamiento diario de las autoescuelas y a los aspirantes que esperan fecha para presentarse a las pruebas.
Preocupación por el futuro de otros centros
La denuncia de CSIF también se extiende fuera de la capital del Segrià. El sindicato ha cargado contra el cierre unilateral del centro desplazado de Vielha, del que asegura que se ha ejecutado sin explicaciones.
Además, alerta del riesgo de que otros centros como la Pobla de Segur y la Seu d'Urgell puedan verse afectados por la falta de presupuesto suficiente, pese a los procesos de digitalización en marcha. La organización teme que esas sedes puedan seguir el mismo camino si no se corrige la actual falta de medios.
Petición de un cambio de rumbo
Ante este escenario, CSIF reclama un cambio de rumbo en la gestión de la Prefectura de Lleida. El sindicato insiste en que la situación actual compromete la prestación del servicio y mantiene la presión sobre un sistema que arrastra demoras, falta de personal y un creciente malestar entre los profesionales del sector.