El Govern de la Generalitat ha aprobado en el Consell Executiu una reforma legal que permitirá regularizar 730 urbanizaciones en Catalunya construidas entre 1956 y 1981 y que hasta ahora no habían sido legalizadas. La medida afecta directamente a unos 120.000 catalanes que residen en urbanizaciones con carencias en servicios esenciales como agua, iluminación, asfaltado y alcantarillado.
Más de mil urbanizaciones con déficits urbanísticos
En total, se han documentado 1.433 urbanizaciones en Catalunya con déficits urbanísticos. La nueva normativa, incluida en la ley 11/2025 de medidas en materia de vivienda y urbanismo, busca dar respuesta a una problemática que afecta especialmente a municipios con menos capacidad económica y técnica para afrontar la regularización.
El cambio legal aprobado compromete a la Generalitat a financiar a los ayuntamientos para que puedan abordar la regularización de estas urbanizaciones. Un convenio entre el Departament de Territori y el Institut Català de Finances (IFC) establecerá las bases para la financiación, aunque la Generalitat todavía no ha concretado la partida económica ni los ayuntamientos que podrán acogerse a esta ayuda.
Impacto en los municipios afectados
La alcaldesa de Cervelló, Montse Canas (PSC), ha señalado las dificultades que afrontan los consistorios ante la actual legislación, que obligaba a los propios vecinos a financiar los servicios básicos en urbanizaciones no recepcionadas.
"Nuestro interventor estaba atado de pies y manos porque la ley exigía que en urbanizaciones no recepcionadas sean los mismos vecinos los que han de financiar los servicios. Hablamos, por ejemplo, de carreteras o aceras inacabadas, de falta de alcantarillado o de carencias en la iluminación" - Montse Canas, alcaldesa de Cervelló
La Generalitat ha anunciado que convocará a los ayuntamientos la semana del 20 de abril para explicar cómo les afectará el cambio normativo y de qué manera podrán acceder al soporte técnico y beneficiarse de la nueva regulación.
Nuevas condiciones para la regularización
La reforma legal introduce varias novedades. Las urbanizaciones no estarán obligadas a ceder zonas verdes o equipamientos, lo que abarata las reparcelaciones necesarias para los proyectos de urbanización. Además, la normativa permite que se habiliten sistemas autónomos de saneamiento para depurar las aguas, una opción que hasta ahora no estaba contemplada.
Otra de las modificaciones relevantes es que los ayuntamientos podrán regularizar los servicios de forma individualizada y no necesariamente en bloque, lo que facilitará la adaptación a las necesidades concretas de cada urbanización.
La consellera Sílvia Paneque ha subrayado el compromiso del Govern con las políticas de vivienda y con los ayuntamientos con menos capacidad para actuar.
"Es un compromiso del Govern con las políticas de vivienda y con los ayuntamientos con menos capacidad para actuar" - Sílvia Paneque, consellera de Territori
Situación de vulnerabilidad y contexto legal
La nueva regulación responde también a la situación de vulnerabilidad de algunos residentes. Según la alcaldesa Canas, hay personas que compraron suelo hace años sin ser plenamente conscientes de la situación legal de las urbanizaciones.
"En algunos casos, hablamos de personas vulnerables que hace muchos años compraron suelo sin ser conscientes o sin tener suficiente información de hasta qué punto había sido legalizado por los constructores" - Montse Canas, alcaldesa de Cervelló
La ley 11/2025 fue aprobada a finales de 2025 con los votos favorables del PSC, ERC, los Comuns y la CUP, los votos en contra del PP, Aliança y Vox, y el visto bueno parcial de Junts. La Generalitat aún debe concretar los detalles económicos y técnicos para la aplicación efectiva de la nueva normativa.