La Garrotxa queda fuera del nuevo marco legal de alta montaña en Cataluña tras la actualización de la normativa que el Govern ha presentado este miércoles. El anteproyecto, impulsado por la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, redefine los territorios considerados de alta montaña y excluye a la comarca garrotxina, que solo mantendrá algunos beneficios de la ley anterior.
Actualización de la normativa tras cuatro décadas
El Govern ha abierto un periodo de información pública de un mes para que ciudadanía y entidades puedan presentar alegaciones antes de que el texto continúe su tramitación institucional. El nuevo marco legal sustituye la legislación vigente desde 1983, considerada por el ejecutivo como "obsoleta después de más de cuatro décadas de cambios sociales, económicos e institucionales".
La nueva delimitación territorial incluye el Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell, Cerdanya, Solsonès, Berguedà y Ripollès. En total, la ley afecta a 144 municipios que ocupan el 28,3% de la superficie catalana y concentran el 2% de la población.
Motivos de la exclusión y beneficios residuales
La Garrotxa queda excluida porque, según el Govern, "no cumple los criterios físicos que caracterizan la alta montaña". A pesar de la exclusión, la comarca podrá seguir accediendo a algunos beneficios derivados de la ley anterior, especialmente en convocatorias de subvenciones para municipios declarados zona de montaña.
Nuevos órganos y planificación estratégica
El anteproyecto prevé la creación de la Oficina Técnica de Alta Montaña, que funcionará como estructura de apoyo y observatorio del territorio. Además, se reformula el Consell General de l'Alta Muntanya, que dejará de ser únicamente consultivo para convertirse en un espacio de participación y decisión.
El futuro Plan de actuaciones estratégicas tendrá una vigencia de seis años y recogerá proyectos con impacto supramunicipal y financiación pública plurianual. Una vez resueltas las alegaciones, el anteproyecto pasará al Consell Executiu e iniciará el trámite parlamentario.