El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rechazado el recurso de apelación del Ajuntament de Palamós y ha confirmado la anulación de las contribuciones especiales previstas para financiar las obras de urbanización de la segunda fase de la Fosca, un proyecto valorado en 3,8 millones de euros.
La resolución ratifica la sentencia dictada por el juzgado contencioso administrativo número 1 de Girona, que ya había tumbado el sistema de financiación planteado por el consistorio. El núcleo del conflicto estaba en la decisión municipal de cargar a los vecinos afectados el 90% del coste de las obras.
El tribunal rechaza el reparto económico planteado por el consistorio
El TSJC concluye que el Ayuntamiento no justificó de forma suficiente ni el reparto de los costes ni la existencia de un beneficio especial para los propietarios del ámbito afectado. La sala considera que las obras no benefician únicamente a los vecinos de ese sector concreto, sino que tienen utilidad para el conjunto del municipio.
En la sentencia también se remarca que la imposición de tributos no puede determinarse en función de la tipología de ocupación de un inmueble ni del perfil socioeconómico de una zona. Con este criterio, el alto tribunal avala el razonamiento ya fijado en primera instancia.
Una actuación pendiente en el entorno de la Fosca
La segunda fase de urbanización afecta al sector comprendido entre la carretera de la Fosca, el camino del cementerio de Sant Joan, el camino viejo de la Fosca y la calle de la Iglesia. El nuevo POUM de Palamós había sido aprobado el 10 de octubre de 2008, mientras que el proyecto de esta segunda fase salió adelante en el verano de 2022 con la previsión de arrancar al año siguiente.
Ese calendario, sin embargo, no se ha cumplido. Los trámites se encuentran actualmente detenidos, en un contexto marcado por la controversia sobre cómo debía asumirse el coste de la actuación.
Condena en costas al Ayuntamiento
Además de desestimar el recurso, el TSJC ha impuesto al Ajuntament de Palamós las costas del procedimiento, con un límite de 2.000 euros. En esta fase judicial, el consistorio estuvo representado por el abogado Sebastià Martínez de Trincheria.
La resolución deja sin efecto la fórmula con la que el Ayuntamiento pretendía repercutir la mayor parte de la inversión sobre los propietarios del sector y refuerza la tesis de que se trata de una actuación de interés general dentro de Palamós.