La nueva normativa sobre vivienda protegida en Catalunya introduce una prórroga forzosa que afecta directamente a propietarios y familias en municipios como Barcelona, donde se estima que unas 40.000 viviendas estarán sujetas a esta medida en los próximos años. La Agència de l'Habitatge de Catalunya ya ofrece una calculadora pública que permite consultar los precios máximos de venta y alquiler de estos inmuebles en función del año de calificación y el módulo aplicable.
Limitación en el precio de venta y prórroga de la protección
El Ministerio de Vivienda ha recordado que la descalificación de una vivienda protegida es competencia de las comunidades autónomas, que establecen el procedimiento correspondiente. En este contexto, la normativa catalana ha pasado casi inadvertida para muchos propietarios, según advierte el experto inmobiliario Sergio Gutiérrez.
"Atención que acaban de limitar el precio de venta de la vivienda" - Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario
Gutiérrez subraya que la nueva regulación supone una de las mayores limitaciones a la propiedad privada que nunca habíamos visto. La prórroga forzosa implica que la condición de vivienda protegida se extiende más allá del plazo previsto en los contratos, impidiendo que muchas viviendas pasen a ser libres como estaba estipulado inicialmente.
Impacto directo en familias y mercado inmobiliario
El efecto inmediato de la normativa es la imposibilidad de descalificar viviendas durante más tiempo, lo que obliga a mantener los precios de venta dentro de los límites legales. Sergio Gutiérrez explica que familias que esperaban vender como vivienda libre verán cómo sigue siendo protegida y deberán ajustarse a los precios oficiales.
"¿Qué clase de indefensión jurídica es esta?" - Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario
El experto señala que la medida afecta especialmente a quienes confiaban en la liberalización de sus viviendas tras el periodo de protección. Ahora, la prórroga forzosa impide que estos inmuebles se vendan a precio de mercado, lo que genera incertidumbre y preocupación entre los afectados.
Consulta pública y procedimiento autonómico
La Agència de l'Habitatge de Catalunya mantiene activa la herramienta digital para que cualquier ciudadano pueda consultar el precio máximo de venta o alquiler de su vivienda protegida. El procedimiento para la descalificación sigue siendo competencia autonómica y, según la nueva normativa, se endurecen los requisitos y se amplían los plazos de protección.
En Barcelona y otras ciudades catalanas, la aplicación de esta normativa tendrá un impacto relevante en el mercado inmobiliario y en la planificación de las familias que residen en viviendas de protección oficial.