La Policía Nacional da por desarticulado un entramado de 38 sociedades presuntamente utilizado para defraudar tres millones de euros a la Seguridad Social, en una investigación con ramificaciones en varias provincias y conexiones detectadas en Girona. La operación se ha saldado con 12 detenidos y nueve investigados, mientras sigue pendiente concretar el grado de responsabilidad de todos los implicados.
Según la información facilitada por los investigadores, el origen del caso se sitúa en la presunta descapitalización fraudulenta de una empresa de seguridad privada. A partir de ahí, las pesquisas apuntan a una estructura societaria creada para canalizar el fraude, eludir el pago de cotizaciones y dificultar la acción de la Administración.
Una investigación abierta desde 2022
Las diligencias arrancaron en septiembre de 2022, después de que se recibiera una información sobre posibles irregularidades vinculadas a la venta de esa empresa. Desde entonces, la investigación se ha prolongado de forma ininterrumpida durante más de tres años y quedó cerrada a finales de enero de este año.
Los agentes sostienen que detrás de la operativa había un presunto grupo criminal formado por 21 personas, con distintos niveles de implicación. El análisis de documentación tributaria, datos de la Seguridad Social, protocolos notariales y cuentas bancarias permitió identificar la participación de los investigados en, al menos, 38 empresas diferentes.
Despliegue en varias provincias y conexiones en Girona
El dispositivo policial se ha desarrollado principalmente en las provincias de Sevilla, León, Madrid y Murcia. Durante la investigación también se detectaron conexiones en Girona, además de Lugo, Granada, Valencia y Bilbao.
La Policía Nacional atribuye a esta red societaria una función doble. Por un lado, mover dinero y gestionar operaciones irregulares. Por otro, ocultar patrimonio y dificultar posibles actuaciones de la Administración para reclamar las cantidades adeudadas.
Delitos bajo investigación
Los nueve investigados y los 12 arrestados están siendo investigados por presuntos delitos contra la Seguridad Social, blanqueo de capitales, frustración de la ejecución, pertenencia a grupo criminal y delitos societarios.
La causa sigue abierta en lo relativo a la determinación exacta de la participación de todos los implicados. Los investigadores mantienen que la estructura empresarial fue clave para sostener el fraude y encubrir la operativa económica bajo investigación.