Un Tribunal de Instancia de Valls ha abierto una investigación para aclarar si el depósito de residuos de la papelera Iberboard Mill, en Alcover, puede constituir un delito contra el medio ambiente. La Fiscalía ha llevado el caso al juzgado después de apreciar indicios de criminalidad en unas instalaciones que quedaron cerradas tras el concurso de acreedores presentado por la empresa en abril de 2024.
La investigación judicial se centra en un volumen estimado de 15 millones de residuos abandonados en el exterior de la nave. La retirada de ese material empezó en diciembre del año pasado, mientras avanzaban las actuaciones previas sobre el alcance del vertido y su posible impacto.
Actuaciones iniciadas tras las inspecciones
La denuncia está firmada por la fiscal jefe María José Osuna y, por ahora, no se dirige contra ninguna persona ni entidad concreta. El origen de la causa se encuentra en las diligencias informativas abiertas por el Cuerpo de Agentes Rurales ante un posible depósito ilegal de residuos. A esas actuaciones se ha incorporado también la denuncia presentada por la Associació per a l'Estudi i Millora dels Salmònids, AEMS Rius amb vida, con sede en Barcelona.
Los agentes rurales realizaron inspecciones exteriores de las instalaciones los días 20 y 22 de enero del año pasado. A partir de esas comprobaciones, la Fiscalía activó la vía judicial para esclarecer si la acumulación detectada incumplía la normativa ambiental y si podía generar una afectación grave en el entorno.
"No había retirado los residuos que tenía acumulados en el recinto" - María José Osuna, fiscal jefe
Riesgo potencial para el río Francolí
En su escrito, la fiscal sostiene que la acumulación de materiales no había sido autorizada y advierte de que, en caso de aumentar, podría causar una grave contaminación al río Francolí. Al mismo tiempo, el Ministerio Público precisa que todavía no puede fijarse con rotundidad la peligrosidad de todo el material localizado, ya que la investigación sigue abierta y no ha culminado.
La relación de residuos acumulados es amplia e incluye papel, cartón, metales, madera, envases, piezas de automoción, electrónica, electricidad, restos de productos de higiene, materiales textiles y residuos voluminosos. Parte de ese material procedía de Francia, de acuerdo con el etiquetado localizado durante las comprobaciones.
Dudas sobre el origen de parte del material
La denuncia apunta además que existe la posibilidad de que no todos los residuos detectados recientemente procedan de los procesos de fabricación de papel. Ese extremo forma parte de las cuestiones que ahora deberá aclarar la investigación abierta en el juzgado de Valls.
La Fiscalía ha pedido al Seprona de la Guardia Civil que remita su informe y también ha solicitado la declaración como testigos de dos agentes rurales que participaron en las actuaciones. Con estas diligencias, el juzgado trata de determinar el origen de los residuos, su composición real y si el acopio en el exterior de la planta de Alcover llegó a generar un riesgo penalmente relevante para el medio natural.