Lluís Boada, estudiante de Psicología en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, ha recibido una reclamación de 4.251,30 euros del Departament de Drets Socials i Inclusió por supuestos pagos indebidos de la prestación de la Ley de Dependencia. La deuda corresponde a un periodo de más de dos años en el que su asignación mensual pasó de 387 a 228 euros, aunque siguió cobrando la cantidad anterior sin que se le notificara el cambio.
Boada, de 23 años, padece una laminopatía, una enfermedad congénita rara que le provoca distrofia muscular severa, pérdida de control cefálico, insuficiencia respiratoria y anomalías cardíacas. Tiene reconocido un 78% de grado de discapacidad y la necesidad de una tercera persona.
"Parece una broma que te pasen a dar 100 euros menos y encima te hagan regresar un dinero porque se han equivocado desde la administración" - Lluís Boada
Una reclamación con aviso de recargos
La carta remitida por el Departament advierte de que, si no abona la cantidad en el periodo voluntario fijado, el expediente pasará a la Agència Tributària de Catalunya. Ese paso incrementaría la deuda con recargos y también puede comportar intereses de demora.
El joven asegura que desconoce el motivo de la rebaja de la prestación. Explica que el escrito recibido remite a siete artículos de órdenes y decretos, pero no aclara de forma comprensible por qué se redujo la ayuda. Aun así, sostiene que pagará la cantidad reclamada.
"Entiendo que por ley el dinero se tiene que regresar, pero creo que es necesario manifestar nuestro descontento cuando pasan injusticias" - Lluís Boada
Revisión de prestaciones en marcha
El Departament de Drets Socials i Inclusió señala que está inmerso en un proceso de revisión de las prestaciones que pueden generar pagos indebidos. El objetivo, apunta la administración, es detectar estas situaciones lo antes posible, cuando empiezan a producirse, para evitar que las cantidades a devolver supongan un agravio para las familias que las han percibido.
La Generalitat añade que trabaja en la digitalización del Departament y en la mejora de la interoperabilidad de los aplicativos para facilitar y agilizar el seguimiento y las comprobaciones de las prestaciones, así como los cambios de situación de las personas beneficiarias. También indica que está revisando las webs, los trámites y los textos que se envían a la ciudadanía para hacerlos más comprensibles y accesibles.
La cuantía actual de la ayuda
Boada percibe en este momento 228 euros mensuales de la prestación de dependencia y 745 euros mensuales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Su madre ejerce actualmente como cuidadora no profesional.
El estudiante pone el foco en la cuantía de las ayudas más que en la devolución exigida. Considera que el problema de fondo es que se dé por hecho que una persona con su grado de discapacidad y necesidad de apoyo permanente pueda mantener unas condiciones mínimas de dignidad con esa cantidad mensual.
"El problema principal no es el dinero, sino que alguien se crea que una persona con un 78% de grado de discapacidad y con necesidad de una tercera persona pueda vivir con un mínimo de dignidad con tan solo 228 euros al mes, más 745 euros mensuales provenientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones" - Lluís Boada
El joven expresa además su inquietud por el futuro de sus cuidados ante el envejecimiento de sus padres. Recuerda que con unos ingresos próximos a mil euros al mes no puede asumirse el coste de una persona asistente, y menos aún si se suman gastos básicos como vivienda, alimentación o suministros.
"Se hacen mayores y en algún momento no podrán ayudarme. Con solo mil euros, ni yo ni nadie con necesidad de tercera persona puede vivir. Solo el sueldo de una persona asistente, sin contar un posible alquiler, la comida o la luz, ya es muy superior a lo que recibimos" - Lluís Boada
Hace dos años ya había reclamado poder contar con transporte y un asistente para acudir a la URV. Después de esa petición, la Generalitat le asignó ambos apoyos. Ahora, con la reclamación económica sobre la mesa, vuelve a poner el foco en las dificultades de acceso y en la insuficiencia de unas prestaciones que, sostiene, quedan lejos de cubrir las necesidades reales de una persona dependiente.