La Fiscalía de Tarragona ha abierto diligencias previas para aclarar si pudo cometerse un presunto delito de prevaricación administrativa en la concesión de la licencia municipal al complejo comercial Family Parc, en Campclar. La apertura de esta investigación se acordó el pasado 3 de marzo y el procedimiento cuenta con un plazo inicial de medio año.
La causa la dirige la fiscal especializada en delitos contra la Administración Pública y pone el foco en la licencia concedida por el Ajuntament de Tarragona para este complejo comercial. El análisis se centra en si hubo alguna actuación irregular al autorizar el proyecto pese a su ubicación.
La investigación se centra en la licencia municipal
El elemento que examina ahora la Fiscalía es la relación entre Family Parc y el área de influencia de BIC. Aproximadamente el 50% del complejo se encuentra dentro de esa zona, y una parte del centro comercial se levantó además en un ámbito de protección de seguridad química contemplado por la directiva Seveso.
Las instalaciones de BIC están catalogadas como Seveso bajo. En ese recinto hay grandes tanques de gas destinados a la fabricación de mecheros y, según consta en la documentación analizada, existen depósitos con 25 toneladas de gas.
Un primer procedimiento quedó archivado
El origen del caso se remonta a la denuncia presentada el año pasado por BIC ante la Fiscalía por un presunto delito contra el medio ambiente. La empresa sostenía que Family Parc se encuentra dentro del área de protección de su planta química.
La fiscal de Medio Ambiente estudió esa denuncia y concluyó que no apreciaba un delito contra el medio ambiente, por lo que ese procedimiento quedó cerrado. Aun así, esa misma valoración dejó abierta la posibilidad de impulsar otra vía penal distinta, en este caso por una posible prevaricación administrativa vinculada a la licencia.
Se revisa si la autorización fue ajustada a derecho
La nueva investigación no entra ahora en un supuesto impacto medioambiental, sino en la decisión administrativa que permitió la implantación del complejo comercial en ese emplazamiento de Campclar. La Fiscalía deberá determinar durante los próximos meses si la licencia municipal se concedió de forma ajustada a derecho o si, por el contrario, existieron indicios de relevancia penal.
Con esta apertura de diligencias, el caso entra en una nueva fase de revisión jurídica sobre una de las autorizaciones urbanísticas más sensibles del entorno industrial y comercial de Tarragona. De momento no hay resolución sobre el fondo del asunto y la investigación sigue abierta.