La Sección 702 de la Foreign Intelligence Surveillance Act afronta su renovación en el Congreso de Estados Unidos en medio de nuevas críticas por el alcance de la vigilancia y por el uso posterior de la información recopilada por las agencias federales.
El debate se centra en tres escenarios. El Congreso puede reautorizar esta disposición con cambios, mantenerla sin modificaciones o dejar que expire. En ese contexto, varias organizaciones de defensa de las libertades civiles reclaman que no salga adelante una prórroga sin reformas de calado.
La discusión se centra en el uso posterior de los datos
El mecanismo cuestionado parte de la actividad de la National Security Agency, que recopila conversaciones completas de objetivos de vigilancia situados en el extranjero y las almacena. Ese almacenamiento, según se denuncia, permite después al Federal Bureau of Investigation acceder a esas comunicaciones bajo una lógica descrita como de finders keepers.
La crítica principal apunta a que el FBI puede consultar e incluso leer la parte estadounidense de esas comunicaciones sin necesidad de una orden judicial. También se advierte de que las personas afectadas por ese control pueden no llegar a saber nunca que han sido objeto de esa vigilancia y que cuentan con muy pocas vías para averiguarlo.
Reclamo de reformas antes de cualquier renovación
La Electronic Frontier Foundation y otros defensores de las libertades civiles llevan años intentando aclarar en qué casos los datos obtenidos mediante la Sección 702 se utilizan como prueba contra personas investigadas. Su posición es clara. Rechazan una reautorización sin cambios y exigen reformas sustanciales.
"No hay ninguna excusa para que cualquier miembro del Congreso apoye una reautorización limpia de la Sección 702" - Electronic Frontier Foundation
"Cualquiera que vote para hacerlo no se toma en serio tu privacidad. Punto final" - Electronic Frontier Foundation
"El Congreso no puede aprobar una prórroga limpia" - Electronic Frontier Foundation
La organización también ha pedido a la ciudadanía que contacte con su representante en el Congreso a través de una herramienta propia para reclamar que no se apruebe una renovación sin cambios. La presión se concentra ahora en una decisión legislativa que marcará si la norma sigue vigente en su forma actual, si incorpora límites adicionales o si finalmente decae.