El Juzgado de Instrucción número 1 de Lleida ha abierto diligencias para determinar si tres altos cargos de la Generalitat y las empresas Ignis y Solaria cometieron presuntos delitos de prevaricación y estafa en la tramitación de las autorizaciones de ocho parques fotovoltaicos colindantes en Alcarràs. La magistrada investiga si el proyecto se habría fragmentado de forma indebida durante su tramitación administrativa.
Los denunciantes son varios payeses de Alcarràs, que sostienen que se trata de "un fraude de ley". Mantienen que el objetivo era obtener para los parques autorizaciones parciales y reducidas con la aquiescencia de la Generalitat, y afirman además que ese procedimiento ha permitido a las empresas expropiar terrenos.
Ocho parques en una misma zona
La causa se centra en ocho instalaciones solares promovidas en fincas colindantes del término municipal de Alcarràs. Se trata de Volans Solar 1 y 2, Juno Solar 1 y 2, Rascon Solar, Jilguero Solar, Rabilargo Solar y Rufete Solar.
Cada uno de estos parques tiene entre 60 y 113 hectáreas y una potencia ligeramente inferior a 50 MW. En conjunto, ocupan 656 hectáreas y suman casi 400 MW, con evacuación de la energía por la misma línea. La cuestión bajo examen es si debían haberse evaluado como una unidad y no como expedientes separados.
Si el proyecto se hubiera considerado de forma conjunta, la evaluación ambiental habría correspondido al Ministerio para la Transición Ecológica. Al tramitarse de manera fraccionada, esa competencia recae en la Generalitat. En este contexto, consta que el ministerio ha rechazado hasta ahora, por sus consecuencias ambientales, todos los grandes proyectos que ha analizado en Lleida.
Altos cargos denunciados y documentación requerida
Entre los denunciados figuran Jordi Sargatal, secretario de Transición Ecológica, Assumpta Farran, directora general de Energía, y Josse Terés, delegada de la conselleria de Territorio en Lleida. Por el momento, la jueza no ha acordado citarlos como investigados.
La titular del juzgado ha reclamado a la Generalitat una copia de los expedientes administrativos y ha ordenado a los Mossos d'Esquadra que investiguen los hechos y analicen la documentación. El procedimiento se encuentra en una fase inicial, centrada en recopilar información y aclarar cómo se tramitaron las autorizaciones.
Otra causa abierta por la actuación policial
De forma paralela, el Tribunal Supremo deberá decidir qué órgano judicial instruye la causa por derechos fundamentales sobre la actuación de los Mossos d'Esquadra en agosto del año pasado. Ese procedimiento debe aclarar si el cuerpo se extralimitó al allanar el acceso a unas fincas para facilitar la entrada de personal de empresas de renovables ante la oposición de los propietarios y sin orden judicial.
Esa causa fue abierta por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 13 de Barcelona. La disputa por la competencia enfrenta a ese juzgado y a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior, mientras sigue creciendo el frente judicial en torno a la implantación de estos proyectos fotovoltaicos en Alcarràs.