La Inspección de Trabajo detectó en Lleida a 123 trabajadores sin papeles en situación de explotación durante 2024, en un balance que refleja además 651 intervenciones y sanciones a empresarios por un importe total de 1,2 millones de euros. Todos ellos cobraban en mano y desarrollaban su actividad al margen de la Seguridad Social y de la tributación correspondiente.
Los datos dibujan una presión sostenida sobre el mercado laboral irregular en la demarcación. En 2024 se contabilizaron 108 casos detectados, una cifra inferior a la de los ejercicios anteriores más inmediatos, con 293 en 2023, 543 en 2022 y 309 en 2021. Aun así, en el acumulado de los últimos cinco ejercicios, la Inspección ha aflorado 1.276 trabajadores en situación de explotación en Lleida.
Un fenómeno que se mantiene en niveles altos
El periodo comprendido entre 2021 y 2025 deja casi 1.300 episodios de explotación laboral aflorados en la demarcación. La comparación con la serie histórica anterior refuerza esa dimensión. Entre 2008 y 2021 solo una vez se superó el umbral de los cien casos en un año, cuando en 2016 se registraron 161.
Los primeros datos de 2025 apuntan a 37 episodios de explotación laboral a extranjeros en Lleida en apenas dos meses y medio. Si esa tendencia se mantuviera, la proyección anual se situaría en 177 episodios, por encima del cierre de 2024.
Más población extranjera y pocas vías de regularización
Este escenario coincide con un aumento de la población nacida en otros países en la demarcación de Lleida, que ha pasado de 88.000 a más de 115.000 personas tras la pandemia. Ese colectivo representa ya más de una cuarta parte del padrón.
"Tan solo 185 ciudadanos de origen extranjero con residencia estable en la demarcación obtuvieron el año pasado los papeles de residencia y de trabajo por arraigo" - Núria Gil, delegada del Govern de la Generalitat
La Generalitat maneja la estimación de que alrededor de 7.500 ciudadanos nacidos en otros Estados podrían beneficiarse en Lleida del proceso extraordinario de regularización. El borrador del decreto fijaba su desarrollo entre el 1 de abril y el 30 de junio y contemplaba, entre otros requisitos, a solicitantes de asilo y a ciudadanos de origen extranjero que residieran en el Estado antes del 31 de julio del año pasado.
La presentación de la solicitud dará derecho a un documento provisional que habilitará para trabajar, una medida llamada a reducir parte de la bolsa de empleo irregular detectada en la demarcación.
Quejas sindicales por la organización del proceso
En paralelo, el sindicato CSIF ha reclamado a la Delegación del Gobierno en Catalunya que garantice la participación prioritaria del personal de las Oficinas de Extranjería en la regularización. La organización denuncia falta de información, transparencia y planificación, además de la exclusión del personal de Lleida, Girona y Tarragona de la primera fase del proceso.
El sindicato sostiene además que se está recurriendo a profesionales de otros servicios o de entidades como Correos y Tragsa, con ofrecimiento de pago de horas extras. Mientras se perfila ese procedimiento extraordinario, las cifras de la Inspección en Lleida mantienen el foco sobre un problema enquistado que afecta de lleno a trabajadores en situación de especial vulnerabilidad y a sectores donde la economía sumergida sigue teniendo recorrido.