En Barcelona y otras ciudades catalanas, la inminente regularización extraordinaria de migrantes ha provocado largas colas en consulados y un aumento de ofertas de asesoramiento jurídico en redes sociales, pese a que el real decreto aún debe superar varios trámites y no se podrán presentar solicitudes hasta principios de abril.
Preocupación por el colapso administrativo y la aparición de fraudes
El Gobierno prevé gestionar al menos 500.000 expedientes en todo el Estado, una cifra que ha generado inquietud entre el principal sindicato de funcionarios de la Administración, que teme no poder absorber la carga de trabajo. Mientras tanto, en barrios como el Raval o zonas próximas a oficinas de Extranjería en Barcelona, se han detectado colas y consultas constantes sobre el proceso.
En este contexto, han proliferado anuncios en redes sociales que ofrecen asesoramiento jurídico a migrantes interesados en la regularización. Algunas de estas ofertas garantizan el éxito del trámite por precios que pueden alcanzar varios cientos de euros, a pesar de que todavía no hay fecha confirmada para la entrega de documentación. Una usuaria de la oenagé T"acompanyem recibió una propuesta concreta 668 euros pagados en dos plazos y la promesa de tener todo listo para marzo de 2026, comenzando la tramitación el 1 de abril.
Advertencias de entidades sociales y petición de calma
Las entidades sociales que trabajan con personas migrantes han intensificado sus mensajes de advertencia. Desde la Fundació Migra Studium insisten en la importancia de no caer en engaños.
"En nuestras consultas, desgraciadamente, estamos recibiendo muchos casos y estamos haciendo mucho énfasis en que las personas mantengan la calma y no caigan en estas trampas" - Portavoz, Fundació Migra Studium
La organización recuerda que ofrecer un servicio con garantía de éxito sin una normativa sectorial específica no es ilegal en sí mismo, pero puede ser extremadamente arriesgado y, en muchos casos, constituir un engaño. Además, subrayan que aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas para obtener un beneficio indebido no es aceptable.
Soazig Noirault, directora operativa de Inclusió en la Associació Benestar i Desenvolupament, señala que la saturación de los servicios públicos lleva a que muchas personas busquen alternativas privadas, a menudo sin garantías. Mònica Plana, también de ABD, considera comprensible que la gente intente agilizar sus trámites ante los largos plazos en Extranjería, aunque advierte sobre los riesgos de confiar en promesas poco claras.
Respuesta institucional y retos pendientes
El miércoles pasado, la Secretaría de Estado de Migraciones realizó una llamada a la calma y pidió a los interesados que consulten únicamente fuentes oficiales del Gobierno para informarse sobre el proceso. Las entidades sociales mantienen su labor de acompañamiento y contención ante la incertidumbre y la presión que viven muchas personas migrantes en Barcelona, Girona y Tarragona.
Desde el movimiento RegularitzaciónYa, Lamine Sarr reclama una intervención más decidida de las autoridades para frenar los fraudes y reconoce la dificultad de que los mensajes de alerta lleguen a toda la población afectada.
"Es el Gobierno el que puede hacer algo contra estas prácticas" - Lamine Sarr, portavoz de RegularitzaciónYa
Por ahora, la aprobación definitiva del real decreto y la apertura del plazo de solicitudes siguen pendientes. Las organizaciones sociales insisten en la necesidad de mantener la calma y evitar pagos o compromisos hasta que el procedimiento esté oficialmente en marcha.