En los barrios de Barcelona, así como en municipios de Girona y Tarragona, miles de pensionistas afrontan estos días la campaña de la renta con dudas sobre la obligación de tributar por el IRPF. La normativa estatal establece que quienes perciben exclusivamente una pensión pública y no superan los 22.000 euros anuales, en general, no están obligados a presentar la declaración.
Situaciones que obligan a declarar
La situación cambia cuando se combina una pensión pública con una privada. Si la parte percibida del segundo pagador supera los 8.000 euros anuales y el total de ingresos rebasa los 14.000 euros al año, la persona debe tributar por el IRPF. Este escenario afecta especialmente a quienes han trabajado en diferentes sectores o han contratado planes privados de jubilación, algo habitual en zonas industriales del Vallès o en el entorno metropolitano de Tarragona.
Retenciones aplicadas a las pensiones
Las retenciones sobre las pensiones de jubilación suelen situarse entre el 1% y el 8% en la mayoría de los casos. Sin embargo, cuando el pensionista supera los 30.000 euros anuales de ingresos, la retención puede alcanzar hasta cerca del 15% de IRPF. Esta circunstancia afecta a un porcentaje reducido de perceptores, principalmente en áreas urbanas con pensiones más elevadas.
Exención en casos de ingresos bajos
En el caso de que la pensión no supere los límites establecidos por la normativa, puede quedar exenta de tributar por este impuesto en el Estado español. La mayoría de pensionistas que solo perciben una pensión pública y no llegan a los 22.000 euros anuales no están obligados a declarar, lo que reduce la carga administrativa para este colectivo en barrios como Sant Andreu, el Eixample o municipios del Gironès.