El Gobierno español ha aprobado este martes en Madrid un plan operativo específico para gestionar la regularización de personas migrantes en todo el territorio, incluida Cataluña. La medida, que se tramitará por vía urgente mediante real decreto, permitirá a hasta 500.000 personas acceder a la regularización de su situación administrativa.
Inicio del proceso y requisitos para la solicitud
Las solicitudes podrán presentarse desde principios de abril y hasta el 30 de junio. El procedimiento estará disponible tanto por vía telemática como en espacios físicos habilitados en delegaciones del Gobierno, subdelegaciones y oficinas de la Seguridad Social, incluidas las de Barcelona, Girona y Tarragona.
Para acceder a la regularización será imprescindible acreditar una estancia mínima de cinco meses en España, que podrá justificarse mediante certificado de empadronamiento, informes médicos, asistencia a recursos sociales, contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero, billetes de transporte o facturas de suministros como luz, agua o teléfono. Además, las personas solicitantes no podrán tener antecedentes penales y deberán encontrarse en el país a fecha 31 de diciembre de 2025.
Plazos y tramitación exprés
El plazo máximo desde la presentación de la solicitud hasta la admisión a trámite será de quince días. El procedimiento de resolución se fija en tres meses. La regularización se tramitará de forma urgente y no requerirá pasar por el Congreso, al tratarse de un real decreto.
"El objetivo es que el proceso sea ágil" - Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Elma Saiz ha subrayado que la medida recupera el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular, avalada por 700.000 firmas y numerosas entidades, y ha recordado que la ILP llevaba meses bloqueada.
Advertencias y reacciones
El sindicato policial Jupol ha advertido sobre el riesgo de colapso en las oficinas de extranjería ante la previsión de una tramitación masiva de solicitudes de residencia. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha vinculado la aprobación de la regularización a una supuesta maniobra para desviar la atención de la tragedia ferroviaria de Adamuz y ha alertado sobre un posible efecto llamada y saturación de los servicios públicos.
La última regularización de estas características se produjo en 2005, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En esta ocasión, la medida parte de un acuerdo entre el Gobierno y Podem. Según esta formación, quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso en el momento de presentar la solicitud.