La reorganización de la Justicia en Tarragona tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 ha provocado una caída del 30% en la productividad y ha obligado a mover despachos y oficinas en casi todas las ocho sedes judiciales de la ciudad. El nuevo modelo culminó el 31 de diciembre en los partidos judiciales de Tarragona, Reus y Tortosa, con la desaparición de los juzgados unipersonales y su sustitución por los Tribunales de Instancia.
El presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona, Joan Perarnau, admite que la fase de implantación está generando incidencias tanto organizativas como técnicas. Los cambios de ubicación del personal, sobre todo entre funcionarios, están ya casi terminados, pero durante estos meses han afectado al ritmo ordinario de trabajo y han llegado a provocar la suspensión de juicios.
"Estamos en un periodo de transformación. Lo que hay hoy son dolores de cabeza" - Joan Perarnau, presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona
Problemas técnicos y retrasos en la actividad judicial
Perarnau atribuye parte de las dificultades a fallos informáticos, problemas de acceso a la base de datos y averías en los teléfonos. A eso se suma el impacto del nuevo sistema organizativo, que centraliza de forma mancomunada tareas como las citaciones o la ejecución de sentencias a través de servicios comunes de notificación y ejecución.
La combinación de incidencias técnicas y ajustes internos ha alterado el funcionamiento diario de los órganos judiciales de Tarragona. En la práctica, la nueva estructura todavía no ha alcanzado una dinámica estable, y la previsión es que la normalización no sea inmediata.
"Nos tenemos que dar de margen entre seis meses y un año. Antes es difícil" - Joan Perarnau, presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona
El presidente de la Audiencia añade, no obstante, que la consolidación del cambio debería estar materializada en junio, con unas condiciones normalizadas, aunque el ajuste completo del sistema requerirá más tiempo.
Presión en las secciones penales
La situación también afecta a la carga de trabajo en la Audiencia Provincial. En la Sección Segunda hay 19 juicios con jurado popular previstos a lo largo de este año. Cada uno de ellos se prolonga aproximadamente dos semanas, unos 15 días en los que un magistrado no puede atender otras vistas orales.
Con la plantilla actual, no hay margen para absorber todos los nuevos asuntos que están entrando en las dos secciones penales. Esa presión se traduce en retrasos y en la aplicación habitual de atenuantes por demora procesal.
"Las dilaciones indebidas las aplicamos sistemáticamente" - Joan Perarnau, presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona
La abogacía detecta distorsiones y un cierto colapso
El decano del Il·lustre Col·legi de l"Advocacia de Tarragona, David Rocamora, coincide en que la entrada en vigor de la nueva ley ha tenido un impacto inmediato en el funcionamiento de los juzgados. A su juicio, el cambio ha generado un escenario transitorio especialmente complejo.
"Ha originado distorsiones graves, que han generado un cierto colapso" - David Rocamora, decano del Il·lustre Col·legi de l"Advocacia de Tarragona
Rocamora considera, aun así, que el resultado puede ser positivo con el paso del tiempo.
"Seguro que el balance será mejor a medio y largo plazo. Ahora estamos a la expectativa" - David Rocamora, decano del Il·lustre Col·legi de l"Advocacia de Tarragona
El decano también cuestiona la parte de la ley que regula las medidas alternativas de resolución de conflictos. En concreto, sostiene que no deberían exigirse en medidas cautelares de familia ni en procedimientos de desahucio cuando existan impagos reiterados de las rentas.
La posible concentración de la jurisdicción penal en el Palau de Justícia
Más allá del despliegue ya ejecutado, está en estudio una nueva reordenación de sedes en Tarragona. La propuesta pasa por trasladar los cuatro Juzgados de lo Penal, situados en la calle Sant Antoni Maria Claret, al Palau de Justícia. A la vez, las dos secciones civiles que ahora están en el Palau de Justícia se moverían a Sant Antoni Maria Claret.
El objetivo, en palabras de Perarnau, es concentrar toda la jurisdicción penal en un mismo edificio. La operación, sin embargo, se encuentra con un obstáculo principal, la falta de espacio en el Palau de Justícia. Para hacerla viable sería necesario habilitar cuatro salas de vistas, una para cada juzgado, además de nuevos circuitos de conducción segura de presos.
La posible permuta de sedes cuenta con el respaldo de la abogacía tarraconense. Rocamora la considera una solución adecuada y defiende que la concentración de los juicios orales en un solo edificio permitiría una gestión más eficiente. De momento, la Justicia en Tarragona sigue operando en plena transición, con movimientos casi cerrados sobre el terreno pero con meses por delante para recuperar una actividad estable.