La Generalitat ha suspendido temporalmente el cobro de una deuda de 4.215 euros que reclamaba a Lluís Boada, un joven de 23 años que estudia Psicología en la Universitat Rovira i Virgili y que tiene reconocido un 78 % de discapacidad. La paralización afecta a un procedimiento que ya se había activado en el sistema informático del Departament de Drets Socials i Inclusió.
La administración ha comunicado a Boada y a su familia, primero por teléfono y después por escrito, que está analizando el proceso de revisión de su Programa Individual d'Atenció, conocido como PIA. Al mismo tiempo, revisa los motivos que llevaron a generar pagos indebidos por valor de 4.215 euros.
Revisión del expediente y freno al cobro
Los pagos considerados indebidos se habrían producido entre el 13 de septiembre de 2023 y el 10 de marzo de 2025. Mientras se completa el análisis del caso, el Departament ha dejado en suspenso la reclamación económica y ha señalado que la medida se adopta para evitar preocupaciones innecesarias.
La suspensión se mantendrá hasta que la Generalitat termine de estudiar el expediente y pueda clarificar el marco normativo aplicable. En la comunicación remitida al afectado, el Departament también pidió disculpas por las molestias ocasionadas.
Una reclamación que llegó con aviso tributario
El caso trascendió después de que Boada denunciara públicamente que la Generalitat le exigía devolver 4.215 euros por un exceso de pago en su prestación por dependencia. En la primera comunicación que recibió, el Departament le advertía de que, si no abonaba la cantidad reclamada, el expediente sería trasladado a la Agència Tributària de Catalunya.
Boada, que padece una enfermedad congénita rara, se encontraba ante una reclamación vinculada a una prestación ya percibida. Ahora, la administración ha dado marcha atrás de forma provisional mientras revisa cómo se produjo la incidencia.
Cambios en la tramitación y en la comunicación con los usuarios
El Departament de Drets Socials i Inclusió ha puesto en marcha actuaciones para analizar y mejorar los procesos actuales de tramitación. El objetivo es reducir los tiempos de gestión y evitar nuevos perjuicios a otros usuarios, sobre todo en casos en los que un error administrativo pueda acumular una deuda elevada durante meses.
La revisión interna busca detectar antes los pagos erróneos para impedir que se generen reclamaciones de esta cuantía. Además, el Departament está revisando los textos de todos sus canales y las comunicaciones que remite a la ciudadanía con la intención de garantizar una información más clara y accesible.
La decisión deja en pausa la reclamación económica a la espera de que la Generalitat determine por qué se produjo el exceso de pago y si el procedimiento seguido fue correcto. Hasta entonces, el cobro queda congelado y el expediente sigue bajo revisión.