El colectivo Treballadors pel Lloguer Turístic ha pedido en Salou la derogación del Decreto Ley 3/2023 o, al menos, una prórroga que permita recolocar a los trabajadores afectados por la reducción de pisos turísticos prevista hasta 2028. Su presidente, Guillem Laporta, sostiene que la norma pone en riesgo más de 200.000 empleos directos e indirectos en Catalunya y advierte de un impacto especialmente intenso en la Costa Daurada.
La entidad celebró la semana pasada en Salou su presentación a nivel provincial. El movimiento se constituyó hace seis meses para defender a profesionales, proveedores y autogestores vinculados al alquiler de corta estancia y cuenta con unos 2.000 inscritos.
"El Decreto Ley 3/2023 provocará el cierre de un gran volumen de pisos turísticos y pone en riesgo más de 200.000 empleos directos e indirectos en el territorio; será el ERE más grande de Catalunya y sin que siquiera el sector vaya mal" - Guillem Laporta, presidente de Treballadors pel Lloguer Turístic
Salou, uno de los puntos con más impacto
Salou es el segundo municipio de Catalunya con más pisos turísticos, con 7.163 viviendas registradas, según los datos de la Generalitat correspondientes a marzo de 2026. Laporta aseguró que en el municipio desaparecerán más de 20.000 plazas de viviendas turísticas y que eso amenaza unos 10.000 puestos de trabajo.
En concreto, el presidente del colectivo cifró en unos 3.500 los pisos que habría que eliminar en Salou si se aplica el nuevo marco. También extendió ese cálculo al conjunto de la provincia de Tarragona, donde señaló que hay actualmente unas 23.000 licencias y que la mayoría también tendrían que suprimirse.
"Los empleados somos el eslabón más débil de la cadena" - Guillem Laporta, presidente de Treballadors pel Lloguer Turístic
Laporta remarcó que el efecto no se limitaría a propietarios o gestores. Afectaría a empleos de limpieza, mantenimiento o check in y check out, además de empresas proveedoras de servicios para este tipo de alojamientos, como las dedicadas a detectores de ruidos, aplicaciones de reserva, estudios de interiorismo o lavanderías.
Sobre este último sector, alertó de que hay pequeñas empresas cuya facturación depende de forma casi total de la actividad turística de corta estancia. En algunos casos, dijo, entre el 80 y el 90% de sus ingresos proceden de este mercado.
El despliegue del decreto llega hasta 2028
El Decreto Ley 3/2023 fija fecha de caducidad a las licencias de viviendas turísticas y atribuye a los ayuntamientos la responsabilidad de decidir cuáles y cuántas conceden en función de su planificación urbanística. La norma establece además un máximo de 10 licencias de vivienda turística por cada 100 habitantes.
El despliegue completo de la regulación culminará en 2028. Laporta advirtió de que, si no se introduce ningún cambio, ese horizonte puede traducirse en despidos masivos. El colectivo reclama que el decreto se tramite como proyecto de ley para poder incorporar enmiendas que permitan mantener los empleos.
Apoyo del alcalde de Salou a una regulación diferenciada
En la presentación del colectivo participó también el alcalde de Salou, Pere Granados, que reiteró su rechazo a una aplicación homogénea del decreto en todo el territorio. El edil defendió que cada municipio pueda regular esta actividad en función de su realidad concreta.
"No se puede equiparar Barcelona y Salou porque la problemática del acceso a la vivienda es distinta" - Pere Granados, alcalde de Salou
Granados apeló al principio de autonomía municipal para que cada ayuntamiento decida cómo ordenar las viviendas turísticas. Ese planteamiento coincide con la principal exigencia del colectivo, que reclama margen para corregir el impacto laboral antes de que la limitación de licencias llegue a su fase definitiva en 2028.