La Agencia Española de Protección de Datos ha apercibido al Ayuntamiento de Madrid por difundir datos personales de Alberto González Amador en expedientes urbanísticos sobre las obras de la vivienda de Chamberí en la que convive con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La resolución aprecia vulneración de tres artículos del Reglamento General de Protección de Datos.
El caso deja una contradicción inmediata. El mismo consistorio que abrió expedientes en 2022 para analizar una posible ilegalidad urbanística acabó sancionado por cómo trató y expuso la información personal del afectado, mientras un juzgado dio después la razón a González Amador al considerar que la reforma estaba amparada por una declaración responsable presentada correctamente.
La Agencia apreció tres infracciones y dio seis meses al Ayuntamiento
La sanción, dictada el 19 de noviembre de 2025, se limita a un apercibimiento porque el responsable es una administración pública. La Agencia Española de Protección de Datos ordenó subsanar deficiencias en el sistema municipal de protección de datos.
La denuncia de González Amador sostenía que se habían filtrado su nombre completo, DNI, dirección postal, teléfono, correo personal y el contenido íntegro de los expedientes urbanísticos. También incluía datos de la vivienda, entre ellos la distribución, la superficie, la ubicación de los accesos y el presupuesto de la obra.
En agosto de 2025, la Agencia ordenó al Ayuntamiento anonimizar los datos personales de la aplicación pública, documentar las altas y bajas de usuarios con acceso a bases de datos sensibles y revisar de forma periódica los permisos de acceso a las bases internas. El organismo dio un plazo de seis meses para aplicar esas medidas.
Ayuso respaldó la reclamación presentada en junio de 2024 por su pareja. Entonces afirmó que “un ciudadano tiene derecho a defenderse si una institución revela datos personales ante la administración que sea”.
Dos aplicaciones municipales permitieron acceder a los expedientes
El Ayuntamiento de Madrid identificó que la información salió de dos herramientas distintas. Una dependía de la Agencia de Actividades y era de acceso público; la otra estaba reservada a personal autorizado.
Tras detectar el problema, el consistorio bloqueó de forma temporal la aplicación pública para trabajar en la anonimización de datos sensibles. Además, restringió el acceso a un usuario que había consultado la aplicación interna en decenas de ocasiones.
La controversia urbanística había arrancado con expedientes abiertos en 2022 sobre las obras del domicilio de Chamberí. Sin embargo, en abril de 2025 un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid falló a favor de González Amador y concluyó que la reforma integral estaba amparada por una declaración responsable.
El Ayuntamiento recurrió mientras afloraban más datos sobre la vivienda
En diciembre de 2025, el Ayuntamiento recurrió la decisión de la Agencia. Su argumento fue que una anonimización total de la aplicación pública chocaría con la normativa de transparencia y urbanismo.
La resolución de la Agencia llegó un día antes de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de secretos en una causa vinculada a González Amador.
Sobre el inmueble investigado, consta que el empresario compró la vivienda en julio de 2022 por 850.000 euros, con una entrada de 350.000 euros y una hipoteca de 500.000 euros. En el mismo edificio, Babia Capital SL, administrada por el fiscalista Javier Gómez Fidalgo, adquirió un ático por 950.000 euros y lo alquiló a González Amador por 5.000 euros al mes con derecho a compra, ejecutado en noviembre del año pasado.