La Audiencia de Valladolid ha absuelto a un agente de la Guardia Civil acusado de consultar el fichero INTPOL sobre su inquilino y sobre el tío de este, que figuraba como avalista en el contrato de alquiler de un piso situado en la calle Jacinto Benavente de Valladolid. La sentencia considera acreditados los accesos a la base de datos, pero no da por probado que se hicieran sin autorización ni que provocaran un perjuicio.
La Fiscalía solicitaba para el agente, destinado en Medina de Rioseco, tres años y medio de prisión, una multa de 7.200 euros y nueve años de inhabilitación profesional por un presunto delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos. El tribunal, sin embargo, ha dictado un fallo absolutorio en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial.
El juicio quedó marcado por la ausencia del denunciante
El arrendatario que denunció los hechos no compareció en la vista oral al encontrarse en paradero desconocido y se le sitúa en Estados Unidos. Esa incomparecencia condicionó el desarrollo del juicio. El fiscal recordó que había pedido la suspensión de la vista, una solicitud que fue rechazada por el tribunal, y sostuvo que esa ausencia generó dificultades probatorias.
Frente a ello, sí declaró el tío del arrendatario y avalista del alquiler, Ricardo Amador, que respaldó la versión del acusado. Aseguró que tanto él como su sobrino habían autorizado al guardia civil a revisar sus datos antes de cerrar la operación.
"Soy fontanero, tengo clientes guardias civiles y no pongo ningún problema para que hagan las consultas que quieran porque no tengo nada que ocultar" - Ricardo Amador, avalista
La defensa sostuvo que hubo consentimiento para las consultas
El agente M.V.M. mantuvo que las comprobaciones se realizaron con permiso expreso de ambos. Situó un encuentro con el arrendatario y con su tío varios días antes del 19 de julio de 2021, fecha en la que se firmó el contrato, y afirmó que entonces se suscribió un contrato de arras en el que hizo constar su condición de servidor público.
"Tanto Rubén como su tío Andrés me dijeron ya entonces que como era guardia civil podía hacer las comprobaciones necesarias para certificar que eran gente de fiar y que estaban garantizados los pagos" - M.V.M., guardia civil acusado
Según su relato, consultó los datos del arrendatario en cinco ocasiones. En el caso del tío y avalista, las búsquedas se acercaron a la decena. El acusado también sostuvo que una parte de esas consultas se produjo antes de formalizar el alquiler y que otra se hizo dos años después de que hubiera expirado el contrato de la vivienda de su propiedad.
Una de las búsquedas sobre el inquilino se realizó tras finalizar el contrato y, de acuerdo con la versión del guardia civil, fue a petición del propio arrendatario, que quería saber si le constaba alguna denuncia después de verse implicado en un accidente de tráfico. El agente aseguró que en ese acceso detectó una denuncia por el hurto de teléfonos móviles en Mediamarkt.
La Fiscalía mantuvo que hubo un uso ilegal de datos reservados
El ministerio público sostuvo durante el juicio que los accesos no estaban justificados y que supusieron un uso ilegal de una base de datos con información reservada, sensible y protegida constitucionalmente. También remarcó que ninguna de las dos personas consultadas estaba siendo investigada por la comisión de un delito.
Buena parte de la acusación se centró en las búsquedas hechas al terminar el contrato, cuando, siempre según la tesis de la Fiscalía, comenzaron los problemas para cobrar las rentas. El fiscal añadió que el arrendatario denunció al agente en 2023 y solicitó una orden de alejamiento al asegurar que estaba recibiendo presiones para pagar.
"El arrendatario denunció en 2023 al agente y pidió una orden de alejamiento porque comenzó a recibir presiones para pagar en las que el acusado le dijo que sabía lo del hurto en Mediamarkt y le amenazó con meterle en prisión al decirle que tenía amigos en la judicatura" - fiscal
Pese a esa petición de condena, la Audiencia ha concluido que no ha quedado acreditado que el guardia civil accediera al fichero sin autorización de los afectados ni que esas consultas generaran un perjuicio penalmente relevante. Con ese razonamiento, el tribunal ha acordado la absolución del agente.