Una clínica dental española ha sido sancionada tras instalar dos cámaras de videovigilancia en sus instalaciones, una de ellas con capacidad para grabar también el audio en la consulta. La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto una multa económica después de que una exempleada denunciara la captación y uso de imágenes y sonido sin el consentimiento adecuado de los clientes.
Denuncia tras un despido y revisión de la videovigilancia
El caso se inició a raíz del despido improcedente de una trabajadora. La exempleada trasladó a la autoridad competente que los clientes no eran informados de que podían ser grabados durante las intervenciones odontológicas. Según la denuncia, la clínica contaba con dos dispositivos de grabación: uno en la zona de recepción y otro en el gabinete donde se realizaban los tratamientos.
La dirección de la clínica aportó fotografías del cartel informativo sobre la zona videovigilada y argumentó que ambas cámaras tenían una finalidad disuasoria y de seguridad. Solo la instalada en el gabinete captaba el audio. El acceso a las grabaciones se realizaba exclusivamente a través de una aplicación móvil protegida por contraseña y reconocimiento facial, sin monitores visibles ni para el público ni para el personal autorizado.
La Agencia detecta incumplimiento del principio de minimización
La Agencia Española de Protección de Datos concluyó que la cámara situada en el gabinete grababa imágenes durante los tratamientos en el quirófano dental. Además, registraba el sonido de las conversaciones entre pacientes y profesionales sanitarios, almacenando estos datos durante 7 días.
El organismo considera que esta práctica no cumple con el principio de minimización, que exige limitar el tratamiento de datos personales a lo estrictamente necesario en relación con los fines previstos.
"La cámara instalada en el gabinete incluiría la grabación de imágenes durante el tratamiento de los pacientes en el quirófano" - Agencia Española de Protección de Datos
Sanción económica y medidas correctoras
La sanción impuesta a la clínica dental ascendió a 2.000 euros. Sin embargo, la empresa abonó finalmente 1.200 euros tras acogerse a las reducciones por reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario.
La clínica deberá reorientar la cámara para evitar que capte de manera continuada la imagen y el sonido en la zona del gabinete médico. Si no es posible, tendrá que retirar el dispositivo por completo.
La grabación de audio y vídeo en espacios sanitarios sigue bajo especial vigilancia por parte de las autoridades, que insisten en la necesidad de informar adecuadamente a los usuarios y limitar la recogida de datos a lo imprescindible.