La Paeria de Lleida ha dado luz verde a una nueva batería de medidas de gestión urbana y servicios que combina más vigilancia en l'Horta, cambios en la futura concesión del bus urbano y nuevas herramientas para afrontar problemas ambientales en la ciudad. Entre las decisiones que pasarán por la junta de gobierno local figura la instalación de 37 puntos de vigilancia con lectores de matrícula.
El paquete llega con una tensión política clara en el transporte público. El gobierno local ha sacado adelante el informe de costes para la nueva concesión de autobuses con el apoyo de Junts, pero el principal reproche de la oposición se centra en que el estudio fija un gasto de 11,6 millones de euros al año sin incorporar, según Comú, una ampliación del servicio.
La Paeria repartirá 37 puntos de vigilancia entre nuevos equipos y cámaras reorientadas
El proyecto de seguridad para l'Horta prevé 37 puntos de vigilancia con lectores de matrícula. De ese total, 20 serán de nueva instalación, 12 se reorientarán en ubicaciones ya existentes y cinco se dedicarán a vigilancia ambiental.
La iniciativa será aprobada por la junta de gobierno local después de su paso por la comisión de Gestión de la Ciudad. El despliegue se concentra en l'Horta, uno de los ámbitos donde el gobierno municipal quiere reforzar el control de accesos y la supervisión del entorno.
Además de ese plan, gobierno y grupos municipales aceptaron tramitar una ordenanza para regular la contaminación por malos olores. La propuesta partió de ERC y responde a episodios reiterados que afectan a barrios próximos a los polígonos, entre ellos La Bordeta.
PSC y Junts avalan un coste de 11,6 millones para el bus sin cerrar el debate sobre la ampliación
En la misma comisión, PSC y Junts aprobaron el informe de costes para la nueva concesión del servicio de autobuses. La Paeria había pedido ese estudio a cinco empresas y el documento sitúa el gasto estimado en 11,6 millones de euros anuales para la futura concesión.
PP y Vox optaron por la abstención, mientras ERC y Comú votaron en contra. El reparto de apoyos deja al gobierno con margen para avanzar en la tramitación, aunque sin consenso sobre el alcance final del servicio.
Comú sostuvo que el estudio de costes no contempla la ampliación del servicio y reprochó al PSC que no facilite a los grupos de la oposición los informes completos. La crítica se dirige tanto al contenido económico del expediente como al acceso a la documentación.
Por otro lado, la comisión también acordó crear una mesa para la erradicación del amianto. El nuevo órgano se suma a la futura ordenanza sobre malos olores, planteada tras los episodios reiterados que afectan a zonas próximas a los polígonos como La Bordeta.