Un hombre resultó herido grave en la madrugada del 4 de abril en el polígono Los Olivos de Getafe, en Madrid, durante una carrera ilegal de coches en la que llegó a pedir matrimonio a su pareja en plena concentración. El momento quedó interrumpido cuando uno de los vehículos participantes se salió del trazado y lo arrolló. La víctima fue trasladada al hospital con un traumatismo craneoencefálico de pronóstico grave.
Un fenómeno extendido y sin registro oficial
El episodio de Getafe se suma a una cadena de concentraciones y carreras clandestinas detectadas en los últimos meses en distintos puntos del Estado. A comienzos de enero, una quedada en el polígono industrial Somonte, en Gijón, acabó con un joven de 19 años detenido después de atropellar y herir a nueve personas.
En los últimos 12 meses, las fuerzas de seguridad han tenido que disolver concentraciones ilegales, e incluso practicar detenciones masivas, en territorios como La Rioja, Málaga, Granada, Toledo, Vitoria, Pontevedra y Las Palmas de Gran Canaria. En Cataluña, la última gran actuación citada se produjo en polígonos de Lleida, donde 33 conductores fueron denunciados.
Las intervenciones policiales sitúan este fenómeno en un punto álgido durante 2025, con casos reportados en casi todas las comunidades autónomas. Aun así, no existe una cifra global porque no hay un registro oficial. La falta de un control de ámbito estatal también se explica por el reparto de competencias de tráfico dentro de los municipios, que suele recaer en las policías locales.
Polígonos periféricos y convocatorias por mensajería
Las convocatorias llegan casi siempre por canales de Telegram y, en ocasiones, también por Whatsapp. El patrón se repite. Suelen celebrarse de madrugada, durante los fines de semana, en polígonos industriales periféricos con calles desiertas, grandes rectas y amplias superficies asfaltadas.
Uno de los ejemplos más multitudinarios se dio en el polígono industrial Bell lloc, en Lleida, donde fueron convocados cerca de un millar de participantes y unos 300 coches. También se han detectado situaciones parecidas en el polígono Guadalhorce de Málaga, en Jundiz, en Vitoria, en Mercagranada, en Los Olivos de Getafe y en O Campiño, en Pontevedra.
Durante el fin de semana del 14 al 15 de abril se celebraron además dos carreras recientes en los polígonos Villaluenga Yuncler, en Toledo, y Díaz Casanova, en Las Palmas de Gran Canaria. En el caso de la carrera abortada por la Guardia Civil el 4 de abril en Agoncillo, en La Rioja, entre los identificados había personas residentes en Cataluña, Aragón y el País Vasco.
Lleida y Asturias, dos puntos de referencia
En Asturias, la cita más sonada en fechas recientes fue la del polígono de Somonte, que se saldó con nueve heridos por atropello. Allí también se señalan como escenarios habituales algunas zonas boscosas de las afueras y el Altó del Infanzón, un área montañosa con curvas pronunciadas. La Guardia Civil ha impuesto 140 multas en el último año en controles realizados en ese punto.
El aumento de sanciones coincide con una organización cada vez más sofisticada. Las convocatorias son más llamativas, con vídeos de mayor impacto difundidos en canales propios y redes sociales. Esa mayor exposición ha traído otro cambio, la presencia de conductores llegados desde otras provincias.
Quienes siguen este tipo de concentraciones insisten además en diferenciar estos encuentros de las quedadas de tuning. La distinción es relevante porque un coche tuneado responde a modificaciones estéticas en la carrocería para ganar espectacularidad, no velocidad.
Dificultades para perseguirlas y castigo habitual
La persecución policial de estas carreras clandestinas se complica por la ausencia de un registro nacional y por la descentralización competencial. En la práctica, detectar a tiempo una convocatoria exige rastrear sus canales en redes sociales y grupos de mensajería, ya que no resulta viable desplegar patrullas de forma preventiva en todos los puntos donde pueden acabar reuniéndose.
En el plano penal, los hechos pueden encajar en el artículo 380 del Código Penal, por conducción temeraria, o en el 381, cuando existe un riesgo extremo o desprecio por la vida de los demás. Las penas previstas llegan hasta dos años de prisión en el primer caso y hasta cinco en el segundo. Sin embargo, en la mayoría de situaciones, salvo cuando hay heridos, ni ese riesgo extremo ni la propia carrera pueden acreditarse con suficiente solidez y el asunto acaba por la vía administrativa.
Ahí lo más frecuente son multas de hasta 500 euros y la pérdida de 6 puntos del carné, además de posibles sanciones adicionales por exceso de velocidad, modificaciones ilegales del vehículo o consumo de alcohol o drogas. En la práctica, el desenlace más habitual sigue siendo económico y no penal, incluso en un contexto en el que estas quedadas clandestinas se han multiplicado y han ganado visibilidad en todo el país.