Más de treinta familias de las comarcas de Girona reclaman una solución estable para que las personas con discapacidad mayores de edad no pierdan el transporte que les permite llegar a centros ocupacionales, centros especiales de trabajo y centros de día. El conflicto afecta a usuarios que hasta ahora aprovechaban plazas vacantes en rutas escolares ya existentes.
La ruptura llega cuando esas personas siguen necesitando apoyo para estudiar, trabajar o acudir a recursos asistenciales, pero dejan de poder usar el servicio al cumplir los 18 años. El Consell Comarcal del Gironès comunicó a finales de enero que, a partir del próximo curso, quienes ya no figuren en el Registre d'Alumnes de Catalunya no podrán continuar en esas rutas.
Treinta y cuatro familias crearon en Banyoles una plataforma tras el aviso de enero
El malestar cristalizó el pasado 10 de mayo en Banyoles, donde 34 familias, sobre todo del Gironès, el Pla de l'Estany y la Selva, constituyeron la Plataforma pel Dret a la Mobilitat Inclusiva. Desde entonces, el colectivo ha reunido más de 2.000 firmas de apoyo.
La plataforma llevó su denuncia a la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes para alertar de que la pérdida de este recurso puede dejar a muchas personas sin acceso regular a los centros donde desarrollan su proyecto vital, social y laboral. Las familias piden mantener el uso de plazas vacantes en trayectos que ya funcionan, sin abrir líneas paralelas.
Jordi Duran, portavoz de la plataforma, sitúa el problema en los desplazamientos diarios entre municipios y Girona, con casos de familias que salen desde Sant Hilari Sacalm o Blanes para llevar a sus hijos a los centros.
"Muchos estamos en edad laboral y también hay muchas personas mayores que ya no se ven con fuerzas para coger el coche para venir a Girona desde Sant Hilari Sacalm o Blanes" - Jordi Duran, portavoz de la Plataforma pel Dret a la Mobilitat Inclusiva
El colectivo sostiene que la solución aplicada durante más de diez años no era una excepción puntual, sino una respuesta provisional mantenida en el tiempo. Además, recuerda que las familias ya participan en el copago del servicio y rechazan que la alternativa pase por ayudas para buscar taxis u otros desplazamientos por su cuenta.
Las familias piden consolidar un sistema que ya funciona desde hace más de diez años
Duran insiste en que la demanda no pasa por ampliar rutas nuevas, sino por conservar un mecanismo ya utilizado en los mismos recorridos. En esa línea, defiende que las plazas vacantes ya se aprovechan desde hace más de diez años y que retirar ahora esa opción deja sin cobertura un trayecto que ya estaba resuelto en la práctica.
El portavoz también advierte del impacto que tendría la supresión del servicio en la vida cotidiana de los usuarios. Para muchas familias, explica, organizar cada jornada ya exige compatibilizar trabajo, cuidados y largos desplazamientos.
"No queremos que nos den una subvención para que nos las apañemos buscando taxis o transporte, sino una solución consolidada" - Jordi Duran, portavoz de la Plataforma pel Dret a la Mobilitat Inclusiva
En la misma comparecencia, Duran resumió el riesgo con otra advertencia directa al señalar que algunas personas afectadas pueden acabar sin salir de casa. También defendió que la discapacidad no desaparece al cumplir 18 años y que, de hecho, las necesidades de apoyo se hacen más visibles en el paso a la vida adulta.
Representantes de la plataforma se reunieron con David Álvarez, director de los Servicios Territoriales en Girona del Departament de Drets Socials i Inclusió, y con Miquel Marcé, director de los Servicios Territoriales en Girona del Departament d'Educació i Formació Professional. El colectivo calificó ese encuentro de positivo y constructivo porque la administración reconoció el problema y trasladó voluntad de buscar una salida.
Tras esa reunión, las familias recibieron un mensaje de tranquilidad para el próximo curso. Jordi Duran explicó que se les indicó que tramiten la preinscripción al transporte escolar mientras la administración trabaja en una fórmula de continuidad, en un marco que las familias consideran desfasado porque la normativa vigente data de 1996.