El Tribunal Supremo ha confirmado que el juzgado de instrucción número 2 de Lleida debe seguir al frente de la investigación sobre la red dedicada al robo masivo de Toyota RAV4 para su exportación a Gambia y otros países africanos. La resolución cierra así la disputa competencial abierta con un juzgado de Almería.
La decisión consolida en Lleida una causa con ramificaciones en varios territorios y puertos del Estado. Aunque la trama operaba con bases en Girona, Lleida, Almería y Huesca, la sala penal del alto tribunal avala que el núcleo principal de la investigación policial y judicial se ha desarrollado en la capital del Segrià.
El Supremo avala que Lleida siguiera la causa por ser el punto central de la investigación
La causa arrancó en agosto de 2023, cuando los Mossos d'Esquadra detectaron un aumento de robos de Toyota RAV4 en Lleida. A partir de ese repunte, los agentes identificaron una veintena de casos en la ciudad y empezaron a reconstruir el funcionamiento de la red.
Una huella localizada en un vehículo recuperado permitió vincular a un ciudadano francés con la trama. Ese avance situó en Lleida una parte relevante de las diligencias iniciales y reforzó el papel del juzgado que había asumido la instrucción.
Además, el Supremo recuerda que en las causas contra organizaciones criminales con actuaciones repartidas por varios territorios debe prevalecer el órgano que esté en mejores condiciones para continuar la investigación con eficacia. En este caso, la sala considera que esa posición corresponde al juzgado leridano.
La red movía coches robados desde varias bases hasta contenedores con destino a Banjul
La investigación se enmarca en dos operaciones policiales desarrolladas en mayo de 2024 y en octubre de 2025. En ambas actuaciones, Mossos d'Esquadra y Vigilancia Aduanera desmantelaron la trama de contrabando internacional de vehículos.
La operación terminó con una decena de detenidos y la recuperación de decenas de coches. La estructura logística de la red se apoyaba en bases situadas en Girona, Lleida, Almería y Huesca, desde donde los vehículos salían en contenedores por los puertos de Barcelona, Castellón o Valencia.
El destino final de esos envíos era Banjul, dentro de una ruta de exportación hacia Gambia y otros países de África occidental. En ese engranaje, los investigadores identificaron a un ciudadano sueco como coordinador de los envíos entre España y ese mercado de destino.
El juzgado de Lleida autorizó las escuchas telefónicas sobre ese sospechoso, una diligencia que también pesó en la discusión sobre qué órgano debía mantener la competencia. El caso conecta con otras investigaciones sobre robos de coches y con el uso de rutas logísticas ya detectadas en puertos usados para exportaciones.
Los agentes hallaron 15 coches en cuatro contenedores preparados para salir
En una de las intervenciones, los agentes decomisaron 15 vehículos robados que estaban listos para la exportación. Su valor de mercado rondaba los 300.000 euros.
Los coches aparecieron dentro de cuatro contenedores ya preparados para su salida. La red empleaba tecnología para abrir los vehículos simulando la llave original y también alteraba matrículas y bastidores para dificultar el rastreo policial.
La resolución del Supremo deja la investigación en el juzgado de instrucción número 2 de Lleida, donde ya se habían autorizado diligencias clave sobre la trama, incluidas las escuchas al presunto coordinador sueco de los envíos entre España y África occidental.