El Govern y las comunidades autónomas han suscrito un acuerdo para que en 2030 el 70% de los niños del sistema de protección estén acogidos en familia, pero la financiación pública mantiene hoy una dirección muy distinta. Un estudio presentado este miércoles por la Plataforma d"Infància sitúa en el 82% la parte de los fondos destinada a residencias, mientras que solo un 9% se dirige al acogimiento familiar y un 4,4% a prevención.
El informe, que analiza contratos y subvenciones de 2024 y 2025, calcula que hay al menos 516,4 millones de euros comprometidos en esos dos años para sostener el sistema de atención a menores tutelados cuando sus padres no pueden hacerse cargo de ellos o han perdido la guarda y custodia. En la actualidad, el 51% de estos niños sigue viviendo en hogares residenciales.
Un modelo de gasto alejado del objetivo político
La investigación lleva por título "¿Cómo influye la financiación en el sistema de protección a la infancia y la adolescencia en España? El reto de la desinstitucionalización" y pone el foco en la distancia entre el compromiso político firmado y el destino real del dinero público.
"La financiación continúa orientándose en sentido contrario al acuerdo firmado entre el Govern y las comunidades" - Leire Olmeda, experta en datos del área de desinstitucionalización de la Plataforma d"Infància
La entidad sostiene que, si el objetivo es reducir la institucionalización y reforzar el acogimiento familiar, la inversión debe acompañar ese cambio. La responsable de desinstitucionalización de la Plataforma d"Infància, Sara Toledano, insiste en que el sistema mantiene diferencias relevantes entre territorios y también entre modelos de gestión de los recursos, con efectos directos en la calidad de la atención y en las posibilidades de acceso.
"Si el objetivo es reforzar el acogimiento familiar y reducir la institucionalización de niñas, niños y adolescentes, hay que alinear de forma coherente la inversión pública con ese objetivo político" - Sara Toledano, responsable de desinstitucionalización de la Plataforma d"Infància
Menores migrantes no acompañados y desigualdad en el acceso
Uno de los puntos que el estudio considera más sensibles afecta a los menores migrantes no acompañados. En estos casos, el 99,1% de la inversión se destina a recursos residenciales, lo que, a juicio de la entidad, evidencia que su atención se canaliza casi de forma exclusiva a través de centros y residencias.
"Los datos muestran que, en la práctica, la infancia migrante no acompañada es atendida casi exclusivamente en recursos residenciales" - Sara Toledano, responsable de desinstitucionalización de la Plataforma d"Infància
El informe advierte además de que el origen condiciona el acceso a otras alternativas dentro del sistema de protección. La Plataforma d"Infància interpreta esta situación como una posible forma de discriminación institucional que, a su entender, debe corregirse.
"Esto supone que, según el origen, las niñas, niños y adolescentes no acceden en igualdad de condiciones a otras alternativas del sistema de protección, lo que apunta a una forma de discriminación institucional que se debe corregir" - Sara Toledano, responsable de desinstitucionalización de la Plataforma d"Infància
Contratación de urgencia y problemas de transparencia
El análisis también revisa cómo se está contratando la prestación de estos servicios. Detecta un uso elevado de procedimientos de urgencia y emergencia, con un volumen que alcanza los 155,9 millones de euros. A ello se suma que el 57,3% de los contratos estudiados recibió una única oferta, un dato que la entidad considera problemático para la libre concurrencia y para la calidad de las licitaciones en servicios de protección a la infancia y la adolescencia.
La Plataforma d"Infància reclama más estabilidad en la contratación y menos recurso a fórmulas excepcionales. También pide mejorar la transparencia para poder evaluar mejor las políticas públicas y su impacto real.
"Mejorar la transparencia es clave para garantizar una rendición de cuentas efectiva" - Pablo Martín, director de tecnología de Political Watch
"Cuando eso ocurre, se limitan las capacidades de evaluación de las políticas públicas y su impacto en la vida de niñas, niños y adolescentes" - Pablo Martín, director de tecnología de Political Watch
Con estos datos sobre la mesa, la Plataforma d"Infància plantea una reorientación progresiva del modelo de financiación, con más peso para el acogimiento familiar y para las políticas de prevención, y menos dependencia de la atención residencial si se quiere cumplir el horizonte fijado para 2030.