El Govern ha aprobado un decreto que agiliza los trámites urbanísticos en los municipios de menos de 2.000 habitantes de Cataluña. La norma permite destinar a vivienda construcciones existentes en suelo no urbanizable como granjas o almacenes sin valor patrimonial para combatir el despoblamiento.
Esta medida afectará directamente a 191 ayuntamientos de la provincia de Lleida. Esta cifra representa el 80 por ciento del total de municipios de la demarcación. El objetivo declarado es facilitar el desarrollo de proyectos de vivienda donde antes resultaba inviable.
Los ayuntamientos inventariarán las edificaciones recuperables
Cada consistorio deberá aprobar un inventario específico de edificaciones en suelo no urbanizable que sean susceptibles de convertirse en residencia habitual o para actividades económicas. Este listado será independiente del catálogo de masías ya existente.
Las actuaciones previstas bajo esta nueva figura requerirán únicamente la licencia municipal. Se elimina la necesidad de obtener un informe previo de la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat. Además, se autorizan ampliaciones de hasta 150 metros cuadrados siempre que se justifique su integración paisajística.
"aborda la problemática de la vivienda y facilita el arraigo en los pueblos" - Jaume Gilabert, alcalde de Montgai y presidente de Eines de Repoblament Rural
La norma también establece la figura de vecindarios rurales. Esta categoría aplica a núcleos situados en suelo no urbanizable con una antigüedad acreditada de al menos 100 años. Se busca regularizar asentamientos históricos que carecían de encaje jurídico claro.
Los plazos de aprobación se reducen a dos años
El decreto crea el Plan de Ordenación Urbanística Municipal rural. Este instrumento estará sujeto a una evaluación ambiental simplificada y exigirá menor documentación técnica. También se introducen las normas de planeamiento, que los consistorios podrán aprobar tras recibir un informe vinculante de la comisión territorial.
Estos cambios压缩an drásticamente los tiempos administrativos. Los plazos de aprobación de planeamientos pasan de oscilar entre 7 y 10 años a reducirse a 2 años. Esta aceleración pretende dinamizar la oferta de suelo en zonas rurales estancadas.
La consellera Sílvia Paneque destacó que el texto habilita a los municipios rurales a contratar de forma conjunta el proyecto y la ejecución de obras públicas y de edificación. Esta vía busca mejorar la eficiencia del gasto en territorios con menos capacidad técnica propia.
Paralelamente a la aprobación normativa, el ejecutivo catalán ha abierto una convocatoria para licitar 8 solares públicos. Las parcelas están ubicadas en Baix Pallars, Bellver de Cerdanya, Llavorsí, Rialp, Vielha, Balaguer y Juneda.
Estos suelos tienen capacidad para construir 142 viviendas de alquiler asequible. La iniciativa complementa la simplificación administrativa con una oferta directa de parque público en siete localidades clave del interior y el Pirineo.