Terrassa quiere elevar el parque de vivienda pública del 7,7% actual al 10% en 2031 con un plan dotado con 27,6 millones de euros y un paquete de medidas que combina promoción pública, inversión privada y cambios urbanísticos. El pleno municipal aprobará este viernes el Pacte Local de l'Habitatge, que servirá de marco para desplegar el Pla Local d'Habitatge 2026-2031.
La principal tensión del plan está en el calendario y en la fórmula elegida. Mientras el objetivo político se fija para 2031, la mayor parte del impulso inmediato llegará a través de la cesión de suelo en derecho de superficie a promotores privados con condiciones públicas, y la construcción directa por parte del consistorio no se retomará hasta 2030.
La cesión de suelo movilizará 113 millones y 740 viviendas hasta 2028
La primera línea estratégica del pacto pasa por poner suelo municipal a disposición de promotores privados bajo derecho de superficie. Esa vía suma una inversión público-privada de 113 millones de euros y prevé la construcción de 740 viviendas con entregas hasta 2028.
El plan también incorpora las viviendas aportadas a la Generalitat de Catalunya en derecho de superficie. A esa bolsa se añaden 48 solares con capacidad para levantar 2.600 viviendas, una reserva de suelo que el ayuntamiento sitúa como una de las palancas para ampliar la oferta asequible en los próximos años.
Junto a esa fórmula, el consistorio prevé recuperar la construcción propia en 2030. El programa incluye además la compra directa de inmuebles, el uso del tanteo y retracto, acuerdos con grandes tenedores y la captación de pisos a través de la bolsa de alquiler con incentivos.
El plan reserva 4 millones para rehabilitación y abrirá una ventanilla única
El Pla Local d'Habitatge 2026-2031 destinará 4 millones de euros a la rehabilitación de viviendas antiguas. La medida busca actuar sobre el parque ya existente al mismo tiempo que se despliega nueva promoción protegida.
Además, el ayuntamiento pondrá en marcha una ventanilla única para centralizar los servicios de vivienda. Ese punto de atención concentrará el asesoramiento y el acompañamiento jurídico para los vecinos que necesiten tramitar ayudas, resolver incidencias o acceder a recursos residenciales.
Otra de las medidas incluidas en el pacto es la creación de un equipo sancionador específico para perseguir el acoso inmobiliario y las malas prácticas. En paralelo, el consistorio modificará el POUM para regular el uso turístico y los alquileres de temporada.
El documento que se someterá a votación este viernes fija como horizonte que Terrassa pase del 7,7% actual de vivienda pública al 10% en 2031.