Un frente de la comunidad educativa ha mostrado este miércoles su rechazo a la presencia de agentes de los Mossos d'Esquadra de paisano en centros educativos de Cataluña y ha reclamado la retirada inmediata del plan piloto impulsado por el Departament d'Educació en colaboración con Interior.
Las plataformas La Pública, l'Escola de Tothom y Desmilitaritzem l'Educació, que agrupan a diversas entidades, han escenificado su unidad en una rueda de prensa en la que han denunciado que la medida estigmatiza a determinados institutos y a su alumnado. El bloque crítico sostiene que la iniciativa no responde a una demanda de los centros y cuestiona tanto su utilidad como su encaje educativo.
Críticas al enfoque de seguridad en los institutos
Jordi de Carreras, miembro de La Pública y de l'Escola de Tothom, ha cargado contra los argumentos esgrimidos desde la conselleria de enseñanza para justificar el programa. Ha rechazado la prevención como base suficiente para defender la medida y ha insistido en que el malestar es amplio entre profesionales y entidades del ámbito educativo.
"No entendemos la medida, no entendemos a qué responde y nos preocupa mucho" - Jordi de Carreras, La Pública y l'Escola de Tothom
De Carreras ha remarcado además que no se trata de una medida solicitada por la comunidad educativa y ha contrapuesto esa decisión a otras reivindicaciones que, a su juicio, sí forman parte del día a día de los centros. Entre ellas ha situado el refuerzo de los recursos socioeducativos frente a cualquier lógica de securización.
En la misma línea, Marc Plana, del Institut Margarida Xirgu de l'Hospitalet de Llobregat, ha señalado que los servicios territoriales deberían estar al corriente de las reclamaciones trasladadas desde los institutos. Ha citado de forma expresa la bajada de ratios y el aumento de recursos para los equipos sociales, y ha reclamado que se escuche a los profesionales que trabajan cada jornada en los centros.
Reparo pedagógico y dudas legales
Mar Hurtado, en representación de la Associació de Mestres Rosa Sensat, ha defendido el instituto como un espacio democrático y ha sostenido que los episodios de violencia deben afrontarse con respuestas pedagógicas. A su entender, la entrada de fuerzas de seguridad en los centros puede provocar un efecto contrario al buscado y alterar la percepción de protección entre el alumnado.
"La presencia policial puede reducir temporalmente un incidente, sí, pero no resuelve el conflicto de raíz ni construye convivencia" - Mar Hurtado, Associació de Mestres Rosa Sensat
Las entidades también han puesto el foco en el plano normativo. Han advertido de que la prueba piloto podría chocar con parte de la legislación educativa catalana, en concreto con la Llei d'Educació de Catalunya y la Llei de foment de la pau. Además, han planteado que el plan podría entrar en contradicción con la Convención sobre los derechos de los niños de Naciones Unidas.
Incidente en l'Hospitalet en plena polémica
Durante la comparecencia, Marc Plana ha explicado que el Institut Margarida Xirgu se ha encontrado esta mañana con pintadas contra la inmigración y carteles de grupos de extrema derecha. El episodio ha sido expuesto como ejemplo de la tensión que atraviesan algunos centros y del tipo de conflictos que, según las entidades, exigen más intervención educativa y social.
El frente crítico mantiene así la presión contra el plan piloto y reclama a Educació e Interior un giro de enfoque. Su posición pasa por reforzar la convivencia con más recursos en los institutos y apartar cualquier fórmula que, a su juicio, convierta la presencia policial en una herramienta ordinaria dentro de la escuela.