El pleno municipal de Tarragona decidirá este viernes 15 de mayo la aprobación provisional del nuevo barrio del Nàstic. Este sector de crecimiento urbano, identificado técnicamente como PMU-34, se someterá a la votación de los grupos políticos para dar luz verde al texto refundido.
El expediente se abrió hace más de cuatro años y ahora avanza hacia su fase definitiva tras recibir el informe favorable de los servicios de Planeamiento Urbanístico municipales. Los técnicos han validado el plan siempre que se cumplan las condiciones establecidas en los diferentes informes sectoriales.
La Generalitat tiene la última palabra
La administración local no cierra el proceso con esta votación. La Comisión Territorial de Urbanismo del Campo de Tarragona tendrá la competencia final para determinar si el planeamiento cumple todos los requisitos legales.
Este organismo autonómico evaluará si el proyecto puede continuar con la tramitación de los proyectos de urbanización y reparcelación o si, por el contrario, exige enmendar algún aspecto concreto antes de seguir adelante.
"La Comisión Territorial de Urbanismo decidirá si el plan está todo ok" - Organismo autonómico
El ámbito afectado abarca una superficie total de 124.000 metros cuadrados situados entre la rotonda de la Via Augusta y el Nuevo Estadio. La ordenación prevista incluye la creación de una zona verde y la habilitación de un espacio comercial próximo a la mencionada rotonda.
El conflicto por la vivienda protegida
Uno de los puntos más delicados reside en la cuantía de vivienda pública. El proyecto actual reserva el 30% del total de las 525 viviendas de nueva construcción para protección oficial. Esta cifra asciende a 162 pisos.
El Plan Sectorial de Vivienda de Cataluña marca una directriz diferente para municipios con tensión en el mercado del alquiler. En sectores que afectan al suelo urbano consolidado, como ocurre en este caso, el porcentaje obligatorio se incrementa hasta el 40%.
Esto podría suponer pasar de 162 pisos de protección oficial a unos 210. Un cambio de esta magnitud alteraría sustancialmente las expectativas económicas que los promotores han generado alrededor de la operación.
La incorporación de este ámbito dentro de la Trama Urbana Consolidada (TUC) figura también en el texto sometido a votación. Esta decisión técnica recaerá sobre la Dirección General de Comercio de la Generalitat.
La tensión entre la viabilidad económica del proyecto y las exigencias normativas de vivienda social marca el debate previo al pleno. Los grupos políticos deberán ponderar si aceptan las condiciones actuales o si asumen el impacto financiero que implicaría aumentar la dotación de pisos protegidos.