El juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona mantendrá la investigación del llamado caso Montoro. El magistrado Rubén Rus ha rechazado remitir la causa a los juzgados de Madrid y ha ratificado la competencia de Tarragona para seguir instruyendo unas diligencias que afectan al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a una veintena de investigados.
El juez ha desestimado la petición presentada por varias defensas, que reclamaban el traslado del procedimiento a Madrid, ciudad donde tiene sede el despacho Equipo Económico, fundado por Montoro. En su resolución, el instructor sostiene que los hechos presuntamente delictivos bajo investigación mantienen una vinculación directa con Tarragona, tanto por el origen de algunas contrataciones como por pagos efectuados desde empresas radicadas en la demarcación.
Tarragona mantiene la instrucción
El auto recoge de forma expresa que desde Tarragona se contrata a Equipo Económico y desde Tarragona se hace un pago a Equipo Económico. Añade además un supuesto impacto económico en las arcas tarraconenses derivado de las reformas que están bajo sospecha.
La causa trata de aclarar si, durante la etapa de Montoro al frente del Ministerio de Hacienda, se impulsaron presuntas modificaciones legislativas favorables a empresas gasistas y de otros sectores a cambio de pagos millonarios al despacho Equipo Económico.
El hallazgo de los primeros indicios
Uno de los argumentos centrales del magistrado para mantener el caso en Tarragona es el denominado hallazgo casual. Ese hallazgo procede de correos electrónicos intervenidos en la empresa Messer Ibérica Gasses, ubicada en la provincia, donde aparecieron los primeros indicios sobre una supuesta estrategia para obtener rebajas fiscales mediante la contratación del despacho vinculado al exministro.
Entre la documentación intervenida figura un correo que el juzgado considera especialmente revelador. En él se afirmaba que la vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.
El instructor invoca el artículo 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para defender su competencia. Su razonamiento es que, si no existe certeza sobre el lugar exacto de comisión del delito, debe asumir el asunto el juzgado donde aparecieron las primeras pruebas materiales. En esa línea, subraya que es en Tarragona donde aparecen los primeros indicios de delito.
Rechazo a las objeciones de las defensas
Rubén Rus también rechaza haber incurrido en ninguna irregularidad al asumir la instrucción. En la resolución niega haber actuado por un interés particular en conservar el procedimiento y sostiene que se ha actuado en cumplimiento de las normas legales de reparto aplicables.
Por su parte, Equipo Económico ha negado irregularidades y ha presentado recursos ante la Audiencia Provincial de Tarragona después del levantamiento del secreto de sumario en julio de 2025. Entre sus objeciones figuran la impugnación de los siete años de investigación bajo secreto, la petición de traslado del caso a Madrid y la solicitud de nulidad del hallazgo que dio origen a las pesquisas. De momento, el juzgado tarraconense mantiene el control de una investigación que sigue abierta.