Montserrat Roca, vecina de Vila rodona, ha pedido al Juzgado de Instrucción 3 de Tarragona la reapertura de su caso de bebé robado, archivado hace años, tras incorporar nueva documentación sobre el Cementerio de Tarragona que, a juicio de su defensa, cuestiona la versión que sostuvo el cierre de la causa.
La denuncia se centra en presuntos delitos de detenciones ilegales, suposición de parto, alteración de la paternidad y falsificación de documento público. Roca denunció los hechos en 2014 y, dos años después, el procedimiento quedó archivado tras las investigaciones practicadas por la Fiscalía de Tarragona y la Guardia Civil.
Un archivo apoyado en una hipótesis de enterramiento
El sobreseimiento provisional dictado por el juzgado recogía que, pese a detectarse anomalías, la hipótesis más probable era que el recién nacido hubiera fallecido el 1 de septiembre de 1976 y que fuera enterrado el día 5 de ese mismo mes y año en una fosa común no concretada del Cementerio de Tarragona.
En esa misma resolución judicial se hacía constar que las diligencias interesadas por la recurrente no iban a suponer, en principio, un avance significativo en el esclarecimiento de los hechos, dada la falta de base indiciaria suficiente para acordarlas.
El caso de Roca se enmarca en una veintena de denuncias presentadas en Tarragona por supuestos bebés robados. Todas terminaron archivadas, en muchos casos por la complejidad de las investigaciones, aunque en varios expedientes se detectaron irregularidades.
Los libros del cementerio reabren la controversia
La afectada empezó a movilizarse hace 15 años, cuando se destaparon procesos similares en distintos puntos de España. El giro más reciente llegó en 2025, cuando el Observatorio de las Desapariciones Forzadas de Menores accedió a los libros de entrada del cementerio.
De esa revisión se desprende, siempre según la defensa, que entre el 5 de agosto y el 2 de noviembre de 1976 no consta la entrada de ningún feto en el cementerio, tampoco el 5 de septiembre de 1976, la fecha sobre la que se apoyó el archivo.
"Hemos tardado 12 años en acceder a una documentación para demostrar que lo que se acreditó entonces es incorrecto" - Sílvia Climent, abogada
La letrada sostiene que, frente a lo que se dio por acreditado en su día, no existe ningún asiento que permita afirmar que el feto fue enterrado ese 5 de septiembre. Por eso considera que el procedimiento no debió archivarse sin practicar antes la prueba que ahora reclama.
"Es una falsedad o un error del primer certificado. Nosotros hemos ido a ver los libros, y es algo que el juzgado no hizo" - Sílvia Climent, abogada
Las nuevas diligencias que reclama la defensa
En el escrito presentado en abril de 2025, la defensa pide varias actuaciones. Entre ellas, identificar a la comadrona de Joan XXIII que asistió a Roca durante el alumbramiento y aclarar por qué no aparece su firma ni reseña en los documentos oficiales.
También solicita el libro de registro de partos en el que figure la denunciante y lo ocurrido con su hijo, con el objetivo de descartar que pudiera haberse producido una sustitución o una entrega a una persona distinta de la madre. A eso añade la petición del libro de registro de defunciones comunicadas al juzgado, para aclarar la falta de documentación en el Legajo de Abortos del Registro Civil, la identidad del médico certificante y la causa real de la muerte.
La defensa plantea además verificar si, en caso de haber fallecido algún feto, se trata realmente del de la denunciante y no de otro. La línea argumental se apoya en varias incongruencias que, según Climent, siguen sin explicación documental.
"En primer lugar, el feto pasó a lactancia artificial a pesar de que supuestamente nació muerto" - Sílvia Climent, abogada
La letrada añade que tampoco consta entrada en el cementerio y que en la morgue de Joan XXIII no figura ni entrada ni salida. A partir de ahí, mantiene que existe un feto desaparecido, ya sea vivo o muerto, cuya trazabilidad alguien debe acreditar.
La causa, un año después, sin movimientos
El letrado Jordi Prat asegura que la familia ha reunido documentos que, a su entender, permiten acreditar con claridad la sustracción del recién nacido. Denuncia además la falta de avances desde que se promovió de nuevo la reapertura.
"No vamos contra nadie, solo queremos saber la verdad" - Jordi Prat, letrado de Roca
Prat lamenta que, pasado un año, no se haya producido ningún movimiento judicial y que el peso de la investigación siga recayendo, en la práctica, sobre las víctimas. En la misma línea, la defensa reprocha que sea la propia afectada quien haya tenido que sostener durante más de una década la búsqueda de documentos para discutir una resolución que dio por buena una inhumación que ahora no aparece en los registros consultados.
La petición de reapertura vuelve a situar en el centro una causa fechada en septiembre de 1976, cuando el auto sostuvo que el recién nacido murió el día 1 y fue enterrado el día 5 en el Cementerio de Tarragona. Casi medio siglo después, la discusión judicial gira precisamente sobre eso, si aquel enterramiento existió realmente o si la ausencia de rastro documental obliga a revisar un archivo que parecía definitivo.