El Sindicat d'Habitatge de Reus ha denunciado el desalojo previsto para el próximo 14 de mayo de Jennifer Grima de una vivienda municipal situada en el passeig Mata. La entidad alerta de que la administración local mantiene el procedimiento sin ofrecer ninguna alternativa habitacional estable a pesar de la extrema vulnerabilidad de la afectada.
Grima cuenta con una discapacidad reconocida y sigue un tratamiento de salud mental. Además, es víctima acreditada de violencia machista. El sindicato asegura que no se activó ningún protocolo específico de protección aunque la mujer autorizó comunicar su situación a la red de recursos de atención.
La administración niega la existencia de contrato
El Ajuntament de Reus afirma que la mujer se encuentra en una situación irregular en una vivienda de propiedad municipal. El consistorio niega que haya existido contrato de alquiler o pagos asociados por parte de la ocupante.
Fuentes municipales aseguran que se han planteado diversas alternativas habitacionales. Añaden que se continúa trabajando para encontrar una solución adecuada al caso.
Un intento de desalojo anterior ocurrido el 28 de enero fue suspendido. La presión social y una moratoria legal vigente en ese momento evitaron el lanzamiento. Ahora el proceso se reanuda sin esas barreras temporales.
"La orden de protección ya no está vigente" - Justificación trasladada a la afectada según el sindicato
Esta es la explicación que la entidad dice haber recibido para mantener el desahucio. El informe de los Serveis Socials municipales describe la situación vivida por la mujer. Sin embargo, el documento no marca la casilla de violencia machista o intrafamiliar en el Informe de Riesgo de Exclusión Residencial (IRER).
Bloqueo administrativo en el acceso a ayudas
La mujer no ha podido acceder a la Mesa de Emergencia ni a un alquiler social. La titularidad pública de la vivienda actual impide estas vías de ayuda. Tampoco pudo entrar en los procesos de acceso a vivienda protegida.
Los requisitos de ingresos mínimos exigidos excluyeron a Grima de esas listas. La propia afectada denuncia haber sufrido cortes reiterados de suministros. Estos apagones ocurrieron pese a su reconocida situación de vulnerabilidad.
El sindicato exige la suspensión inmediata del desalojo. Reclama un alquiler social ajustado a sus ingresos o una alternativa residencial estable y digna para la usuaria.