La Escola Pompeu Fabra de Reus ya ha distribuido entre su profesorado un protocolo para detectar y acompañar casos de desahucio, infravivienda o inseguridad residencial que afectan al alumnado. La iniciativa forma parte de una propuesta impulsada en el Camp de Tarragona por la plataforma Comunitat Educativa 43 per un Habitatge Digne.
El paso llega con una idea de fondo que la plataforma sitúa en el centro del debate escolar. Los docentes pueden reclamar más recursos o más personal, pero el colectivo sostiene que el aprendizaje y la igualdad de oportunidades quedan comprometidos cuando un alumno no tiene una vivienda estable o ni siquiera un espacio donde estudiar.
La escuela recibe pautas para actuar ante desahucios y subidas abusivas
El manual fija actuaciones concretas para situaciones de desahucio inminente, finalización de contratos de alquiler, subidas abusivas de precio, pobreza energética o infravivienda. El documento parte del principio de que sin estabilidad residencial no hay aprendizaje en igualdad de condiciones.
Además, el protocolo indica que los centros no deben limitar su respuesta a derivar los casos a los servicios sociales. La plataforma considera que ese paso es necesario, pero insuficiente, y plantea una intervención más amplia dentro de la comunidad educativa.
Entre las medidas previstas figura que claustros y consejos escolares puedan posicionarse ante estos casos y coordinarse con entidades por el derecho a la vivienda cuando un alumno afronta un desahucio. En esa misma línea, el texto recomienda acreditar la vulnerabilidad de la familia y el impacto del proceso sobre los menores durante negociaciones con bancos o fondos de inversión.
"Entre otras cuestiones, recordamos que una familia no está obligada a abandonar el piso inmediatamente cuando termina el contrato de alquiler y recomendamos recurrir a los sindicatos de vivienda para intentar negociar prórrogas, alquileres sociales o posibles irregularidades contractuales" - Helena Arévalo, portavoz de la Comunitat Educativa 43 per un Habitatge Digne y miembro del AFA de la Escola Pompeu Fabra
La iniciativa fue impulsada en un primer momento por los sindicatos educativos USTEC y CGT junto con los sindicatos de vivienda de Reus y Tarragona. El objetivo es que los centros tengan criterios comunes para detectar señales de alarma y sepan cómo actuar antes de que el problema desemboque en una ruptura escolar.
Helena Arévalo describe casos de cuatro hijos en una habitación
Helena Arévalo, portavoz de la plataforma y miembro del AFA del centro, vincula el protocolo con situaciones que ya afloran en las aulas. Explica que hay niños con malestar emocional por vivir en infravivienda y familias con cuatro hijos en una sola habitación.
"Nos encontramos con niños con malestar emocional debido a situaciones de infravivienda, familias con cuatro hijos viviendo en una habitación o incluso con la situación de enterarte de que la familia de un alumno tiene programado un desahucio porque el chico había cambiado de conducta" - Helena Arévalo, portavoz de la Comunitat Educativa 43 per un Habitatge Digne y miembro del AFA de la Escola Pompeu Fabra
La plataforma también advierte de que existen desahucios que no llegan a comunicarse al centro por miedo de las familias. Esa falta de información dificulta que la escuela pueda activar apoyos a tiempo y hace menos visible el efecto directo de la crisis residencial dentro de las aulas.
En ese diagnóstico, el colectivo incluye a familias migrantes que, pese a tener trabajo e ingresos, no logran acceder ni siquiera a una habitación de alquiler. La plataforma relaciona esa falta de condiciones básicas con problemas de rendimiento escolar y de salud emocional entre los menores.
Arévalo resume el alcance del problema con una advertencia concreta sobre la continuidad educativa. "Si tienen que cambiar constantemente de escuela, de poco sirve lo que se consiga solo dentro del aula", afirma, después de sostener que los efectos de un desahucio en un menor pueden ser devastadores.