El desalojo de Jennifer está programado para el 14 de mayo en su vivienda del paseo Mata de Reus. La vecina reside en el edificio Antiga Casa dels Mestres desde hace casi diez años y enfrenta la pérdida de su hogar tras una década de inestabilidad legal.
La situación se originó en 2021 cuando un juzgado dictó una orden de alejamiento contra su expareja por violencia de género. Esta medida judicial dejó a Jennifer sola en el piso que era propiedad de la familia de su agresor. Desde entonces ha intentado regularizar su situación mediante un contrato de alquiler sin obtener respuesta positiva.
La brecha económica bloquea el acceso a la vivienda social
Jennifer no puede acceder a las ayudas públicas porque sus ingresos superan ligeramente los límites establecidos. Explica que para entrar en el sorteo de vivienda social se requiere una renta máxima de 10.000 euros anuales. Ella declaró unos ingresos de 7.900 euros en su momento más bajo pero actualmente supera ese umbral. Esta circunstancia la excluye del sistema de protección y le obliga a buscar alojamiento en el mercado privado.
"Para entrar en el sorteo de vivienda social tienes que tener una renta de 10.000 euros y yo he llegado a los 7.900. No es una solución viable y no me dan ninguna otra opción" - Jennifer, vecina afectada por el desahucio
Los precios del alquiler en Reus alcanzan los 600 euros mensuales para un estudio. Esta cifra resulta inalcanzable para su economía actual. La vecina afirma que si en 2021 se hubiera activado el protocolo de violencia de género correspondiente la situación sería diferente hoy.
El conflicto con la titularidad pública y la movilización vecinal
La empresa municipal Redessa gestiona el bloque completo donde vive Jennifer. El Ayuntamiento de Reus mantiene que realiza un seguimiento del caso y ha propuesto diversas alternativas habitacionales. Sin embargo rechaza crear un precedente saltándose el procedimiento habitual para la asignación de vivienda social. Los servicios municipales indican que la asignación debe hacerse según los criterios regulados por los Servicios Sociales.
El Sindicato de Vivienda denuncia que Reus cuenta con cerca de 6.000 viviendas vacías. La organización critica que se permita el desahucio de personas vulnerables en pisos de titularidad pública o gestionados públicamente. Han convocado una movilización social para el día del desahucio.
"El Ayuntamiento solo dará solución a esta situación cuando sea rentable mediáticamente; por eso pedimos que el caso se haga visible" - Miquel, miembro del Sindicato de Vivienda
Miquel asegura que la detención del proceso dependerá de la presión sindical y no de la voluntad política. La organización busca visibilizar el caso para ejercer presión sobre el consistorio.
Jennifer se niega a abandonar el inmueble sin una alternativa que le permita vivir con dignidad junto a sus mascotas. Recuerda que el agresor incumplió la orden judicial anterior. Accedió al piso rompiendo una ventana que permanece sin reparar y la agredió de nuevo. Estos hechos provocaron su hospitalización.
En 2023 la vivienda sufrió cortes de suministro de agua cada lunes. Esta situación fue revertida tras una negociación conjunta con el Sindicato de Vivienda. La vecina sostiene que la vergüenza debe cambiar de bando ante la falta de soluciones efectivas por parte de las instituciones.