El Jutjat Penal número 3 de Terrassa ha condenado a dos años y medio de prisión al propietario de una constructora de Salou por la muerte de un camionero en la autopista A-2, a la altura de Castellbisbal, en un accidente ocurrido el 2 de junio de 2020.
La sentencia sitúa el origen del siniestro en un fallo que no fue fortuito. El tribunal considera probado que el vehículo circulaba con los neumáticos en un estado incompatible con la normativa de seguridad y que el empresario obligaba a los conductores a seguir trabajando pese a las quejas sobre el estado de los camiones.
La jueza atribuye el siniestro al reventón de un neumático fuera de los límites legales
La víctima tenía 41 años, estaba casada y tenía dos hijos menores. Murió en el acto después de perder el control del camión por el reventón del neumático delantero izquierdo, impactar contra la mediana y chocar después con un panel informativo en la A-2, en Castellbisbal.
La resolución judicial da por acreditado que los neumáticos estaban desgastados por debajo de los límites legales. También presentaban la goma endurecida, deformaciones y ausencia de dibujo, un estado que la sentencia vincula directamente con el accidente mortal.
Otro conductor rechazó ese camión días antes del accidente
El fallo recoge que varios conductores habían trasladado sus quejas por el estado de los vehículos. Uno de ellos llegó a negarse a utilizar el mismo camión pocos días antes del siniestro, un extremo que el tribunal incorpora a los hechos probados.
La condena alcanza también a un encargado y a un operario de un taller. Ambos han recibido una pena de un año de prisión por instalar, por orden del propietario de la constructora y con el objetivo de reducir costes, ruedas usadas en los ejes direccionales del camión, una práctica prohibida por la normativa de seguridad vial.
En la misma resolución, la jueza absuelve a otro responsable de la empresa de construcción al no quedar acreditada su participación en los hechos que desembocaron en la muerte del conductor.
Además de las penas de prisión, los condenados deberán pagar 493.000 euros a la familia de la víctima de forma conjunta y solidaria.