La máxima protección patrimonial no evita que el Ayuntamiento pague 1 millón para salvar Ca l’Ardiaca en Tarragona

El consistorio de Tarragona demandará a Desarrollos Arbe para cobrar el millón adeudado por obras de urgencia y multas en Ca l’Ardiaca. El palacete, con máxima protección y sin uso tras 25 años, sigue bloqueado.

26 de mayo de 2026 a las 16:36h
La máxima protección patrimonial no evita que el Ayuntamiento pague 1 millón para salvar Ca l’Ardiaca en Tarragona
La máxima protección patrimonial no evita que el Ayuntamiento pague 1 millón para salvar Ca l’Ardiaca en Tarragona

El Ajuntament de Tarragona llevará a Desarrollos Arbe a los tribunales si la empresa no abona la deuda acumulada por las obras de emergencia y las sanciones impuestas por el deterioro de Ca l’Ardiaca, el palacete medieval situado frente a la Catedral. El importe reclamado roza el millón de euros y el consistorio sostiene que agotará todas las vías legales para que la propiedad asuma el coste.

La principal contradicción del caso está en que el edificio cuenta con la máxima protección patrimonial de la Generalitat de Catalunya y, aun así, sigue sin un uso definido y con gastos de conservación asumidos de forma provisional por la administración local. Más de 25 años después de los primeros anuncios para recuperarlo como hotel de lujo, la finca continúa bloqueada y sin señales de reactivación por parte de la empresa.

El Ayuntamiento reclama casi un millón tras la obra urgente de febrero de 2024

Una parte central de la deuda corresponde a la intervención de urgencia ejecutada en febrero de 2024, que costó unos 600.000 euros y pagó el consistorio. Los trabajos incluyeron el refuerzo de los apuntalamientos, la reparación de un agujero en el tejado que provocaba filtraciones y la sustitución de los andamios exteriores.

Además de esa factura, el Ayuntamiento suma sanciones económicas por el mal estado de conservación del inmueble. El edificio fue catalogado como Bé Cultural d’Interès Nacional por la Generalitat de Catalunya en abril de 2025, lo que refuerza las obligaciones legales de custodia y preservación de la propiedad.

Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona, ha asegurado que el consistorio utilizará «todo el margen que nos permite la ley» para que los propietarios cumplan, «a las buenas o a las malas». En la misma línea, sostuvo que esta cantidad volverá, de una manera u otra, a la ciudad de Tarragona.

La relación municipal con Desarrollos Arbe, según explicó el propio alcalde, queda reducida a los requerimientos para que cumpla sus obligaciones como propietaria y a las autorizaciones que el Ayuntamiento necesita cuando debe acceder al edificio. El consistorio ya ha aplicado medidas sancionadoras sin obtener respuesta de la empresa.

La expropiación queda fuera y la Generalitat pide exigir el cumplimiento de la ley

El gobierno municipal descarta la expropiación. Viñuales la rechazó al plantear una pregunta directa sobre su utilidad real, al entender que no existe proyecto definido ni recursos para afrontar una rehabilitación valorada en varios millones de euros.

En ese escenario, la intervención directa tampoco llegará desde la administración autonómica. El Govern descartó la compra del inmueble y el Departament de Cultura mantiene que la vía pasa por seguir requiriendo a la propiedad el cumplimiento de la Llei del Patrimoni Cultural Català para garantizar la preservación del edificio.

El incumplimiento de esas obligaciones de conservación está tipificado como infracción grave. La normativa permite imponer multas coercitivas o abrir expedientes sancionadores, herramientas que el Ayuntamiento ya ha activado ante la falta de reacción de la empresa propietaria.

El proyecto hotelero sigue parado y la Guàrdia Urbana cerró un acceso en Plaça dels Cabrits

Mientras el futuro del inmueble sigue sin concretarse, Desarrollos Arbe no ha dado señales de retomar el proyecto de hotel de lujo y, además, ha rechazado ofertas de compra. La opción de instalar un Parador Nacional también quedó descartada tiempo atrás, cuando esa posibilidad se desvió hacia el Banc d’Espanya.

En paralelo, la Guàrdia Urbana de Tarragona tapió un acceso desde la Plaça dels Cabrits después de detectar ocupas en una vivienda colindante del siglo XIX. Ese inmueble anexo debía integrarse en el futuro proyecto para mejorar su viabilidad económica.

Viñuales añadió que el Ayuntamiento recibe a posibles interesados e intenta facilitar una salida para la finca junto con la Generalitat de Catalunya. A día de hoy, sin embargo, no existe ningún proyecto previsto ni a corto ni a medio plazo para Ca l’Ardiaca.

Han pasado más de 25 años desde que se anunciaron los primeros planes de recuperación del edificio para un hotel de lujo y el palacete medieval continúa sin uso definitivo frente a la Catedral de Tarragona.

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