Un total de 105 ayuntamientos de Lleida, cerca del 50% del total, han tenido que presentar un plan económico financiero para el ejercicio actual y el siguiente por incumplir las reglas de gasto estatales derivadas de la ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012. La obligación afecta también a la Diputación de Lleida, que aprobó un plan reciente tras desencallar inversiones en 2024 y superar el límite del presupuesto actualizado con la inflación por facturas pendientes de pago.
La paradoja es que muchos de esos consistorios no están en crisis de liquidez, sino limitados por una norma que les obliga a corregirse incluso cuando disponen de remanentes o necesitan responder a gastos sobrevenidos. El Observatorio de las Finanzas Locales de la Associació de Municipis de Catalunya sostiene que ese requisito reduce la capacidad de maniobra de los alcaldes y que las reglas fiscales son más restrictivas para la administración local que para la autonómica o la estatal.
Seis municipios han aprobado tres planes y Torà llegó a cuatro
Veintiún ayuntamientos de Lleida han tenido que aprobar un plan económico financiero en dos ocasiones desde 2012. En seis casos, Almatret, La Baronia de Rialb, Soses, Talavera, Tàrrega y Tèrmens, la obligación se ha repetido tres veces.
Torà encabeza esa relación con cuatro planes aprobados. Al otro lado, 126 ayuntamientos de Lleida, más de la mitad, no han tenido que presentar ninguno.
La Baronia de Rialb figura entre los casos más reiterados, con planes en 2018, 2020 y 2025. Su alcalde, Antoni Reig, sitúa el problema en el diseño de la norma y no en la salud contable de los municipios.
"La administración local es la más castigada por la ley de estabilidad presupuestaria con limitaciones que el propio Estado no sigue" - Antoni Reig, alcalde de La Baronia de Rialb
Reig añade que el efecto práctico alcanza a la inversión municipal. En su municipio, tienen remanentes que no pueden gastar y han dejado pasar subvenciones porque no podían recurrir al crédito para asumir la parte del proyecto que correspondía al ayuntamiento.
Guixers vinculó el incumplimiento a tormentas y la Diputación lo achacó a inversiones de 2024
Guixers aprobó planes económico financieros en 2019 y 2025. Su alcalde, Jordi Selga, enmarca las reglas de gasto en una "mala gestión, y no precisamente por parte de los ayuntamientos".
"Si, como este año, tienes que invertir en arreglar caminos por las tormentas, lo tienes mal" - Jordi Selga, alcalde de Guixers
Selga también resumió el mecanismo que lleva al incumplimiento cuando el gasto supera el presupuesto más el IPC y lo calificó de "injusticia". En municipios pequeños, ese margen puede saltar por una actuación puntual en caminos o servicios básicos.
La Diputación de Lleida ha pasado por una situación parecida a mayor escala. La institución aprobó un plan reciente después de activar numerosas inversiones en 2024 y de rebasar el límite fijado sobre el presupuesto actualizado con la inflación, con facturas pendientes de pago entre los elementos que explican ese desfase.
El alcance del fenómeno no se limita a la demarcación leridana, porque las cuatro diputaciones provinciales tienen uno o más planes económico financieros. En Lleida, el dato más repetido entre alcaldes afectados es que la obligación llega aunque exista capacidad para gastar o para cofinanciar proyectos.
Antoni Reig, alcalde de La Baronia de Rialb, concretó ese bloqueo al explicar que su ayuntamiento tuvo que renunciar a subvenciones al no poder acudir al crédito para cubrir la parte municipal de los proyectos.