Una jueza de Tarragona ha propuesto llevar a juicio a dos altos directivos del Consorci d'Aigües de Tarragona, el director de servicios jurídicos Jesús Martín García y el expresidente Joan Alginet Aliau, a raíz de la denuncia presentada por el compliance officer que la propia entidad había contratado. La magistrada aprecia indicios de presuntos delitos de prevaricación y acoso laboral vinculados a la contratación de una empresa de gestión informática.
El caso parte de la denuncia de un trabajador que después fue despedido de forma disciplinaria por el mismo organismo y al que el Consorci atribuye conductas de acoso a varias personas de la plantilla. Ahí se concentra la principal fricción del procedimiento, porque quien denunció presuntas irregularidades internas sostiene que su cese fue una represalia, mientras la entidad lo vincula a comportamientos homófobos y machistas denunciados por cinco empleados.
La jueza sitúa la licitación anulada en el centro de la causa
La resolución judicial relaciona los indicios de prevaricación y acoso laboral con la contratación de una empresa de gestión informática. Aquella licitación ya había sido anulada por el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, uno de los antecedentes que han acabado empujando el asunto al ámbito penal.
Además de Jesús Martín García y Joan Alginet Aliau, el procedimiento arranca de una denuncia elevada por el compliance officer incorporado al Consorci en marzo de 2023. Una de esas denuncias sobre la adjudicación anulada llegó a la Fiscalía y terminó en el Jutjat d'Instrucció número 6 de Tarragona.
En paralelo, el mismo trabajador elaboró un informe sobre supuestas captaciones en el río Ebro por encima de la concesión del organismo que gestiona el minitransvase. Tanto la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre como la Oficina Antifrau de Catalunya desestimaron esos extremos.
El Consorci recurrirá mientras defiende el despido disciplinario
La entidad ha anunciado que presentará recurso contra la interlocutoria judicial. También ha expresado su "respeto absoluto" por el procedimiento y ha reiterado la presunción de inocencia de las personas implicadas, junto con su disposición a facilitar a la autoridad judicial la documentación que le sea requerida.
La posición del Consorci choca con la versión del denunciante sobre el origen de su salida. El organismo sostiene que el trabajador fue despedido de manera disciplinaria por acoso a diversas personas de la plantilla, mientras el profesional rechaza esas acusaciones y mantiene que su cese respondió a las irregularidades que había puesto en conocimiento de distintos organismos.
Ese expediente disciplinario se apoyó en denuncias de cinco trabajadores por comportamientos homófobos y machistas. Un informe de la Inspección de Trabajo corroboró esos hechos, aunque el compliance officer los niega.
La causa abierta en el Jutjat d'Instrucció número 6 de Tarragona se dirige por presunta prevaricación y acoso laboral, y afecta a Jesús Martín García, director de servicios jurídicos del Consorci, y a Joan Alginet Aliau, expresidente de la entidad.