Abdel, un joven de 27 años originario de Marruecos, reside en Tarragona desde hace tres años con la esperanza de obtener una regularización administrativa que le permita firmar un contrato laboral estable.
Su situación refleja la realidad de miles de personas que sostienen sectores clave de la economía local mientras aguardan una respuesta legal que desbloquee su integración formal en el mercado de trabajo.
La hostelería clama por mano de obra
Javier Escribano, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Tarragona, describe la regularización como un balón de oxígeno para un sector que se asfixia por la escasez de personal disponible.
"El mayor problema al que nos enfrentamos no es la inflación ni los precios ni nada de eso, es la falta de trabajadores, y la economía se está frenando a causa de eso" - Javier Escribano, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Tarragona
Escribano asegura que el inmigrante es básico para la hostelería y representa al menos el 50% de la plantilla, dado que la población local apenas opta a estos puestos frente a la disposición del colectivo extranjero.
El empresario ilustra el caso con un perfil tipo una persona sin estudios previos que recibe formación directa en el puesto y puede alcanzar un salario de 1.450 euros mensuales más propinas y horas extras como ayudante.
Datos que confirman la dependencia estructural
Las cifras del Idescat corroboran esta tendencia en diversos ámbitos productivos de la provincia. En la agricultura, el 35% de los empleados son extranjeros, una proporción vital para mantener la cosecha.
La construcción experimenta un crecimiento similar en la contratación de personal foráneo. El porcentaje pasó del 18,7% hace cinco años al 25,6% actual, lo que implica un aumento de 4.600 a 7.000 trabajadores afiliados.
Francesc Xavier Llorens, presidente del Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de Tarragona, confirma que la inmigración resulta esencial para nutrir este sector ante la dureza de las tareas y la menor predisposición de la mano de obra nacional.
"Estamos en un momento clave, de crecimiento, y necesitamos solventar el déficit de trabajadores. La construcción es dura y al nacional le cuesta más, mientras que el extranjero tiene muy buena predisposición" - Francesc Xavier Llorens, presidente del Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de Tarragona
En el sector servicios, la presencia extranjera también avanza. Los datos registran un incremento del 13% al 16% entre 2021 y 2026, consolidando un modelo económico dependiente de este flujo migratorio.
Debate sobre el impacto social y laboral
Amado Alarcón, profesor de Sociología de la URV, defiende que dotar de derechos a este colectivo establece un suelo legal de salarios que beneficia globalmente a toda la clase trabajadora.
Alarcón considera la regularización la solución al déficit estructural de sectores como la construcción, la hostelería, la agricultura o el trabajo doméstico, además de ser necesaria para sostener la pirámide poblacional y la natalidad.
Àngel Belzunegui, también sociólogo en la URV, apunta que las regularizaciones suelen responder a la saturación de un mercado que funciona de manera informal y que ahora contribuirá al erario público mediante el pago de impuestos.
No obstante, existen posturas divergentes sobre el método. Xavier Rigau, presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Tarragona, aboga por una inmigración controlada con captación en origen y formación previa.
"Necesitamos inmigración pero controlada, una captación en origen, de perfiles que hagan falta y con contrato de trabajo y con una formación" - Xavier Rigau, presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Tarragona
Rigau advierte que una legalización masiva podría distorsionar el mercado al incorporar perfiles poco cualificados, mientras que Mercè Puig, secretaria general de CCOO en las comarcas tarraconenses, cifra en 1,5 millones los migrantes necesarios para cubrir puestos y combatir la explotación.
La barrera de la economía sumergida
A pesar de la demanda laboral, persisten obstáculos prácticos. Mariana Isla, directora de la Asociación Amic-UGT, reconoce que tener una oferta de empleo facilita la regularización, pero muchos empleadores prefieren mantener al trabajador en negro para evitar costes sociales.
Esta dinámica genera inestabilidad. Escribano advierte que los inmigrantes responden al trabajo siempre que reciban un trato justo, pues la gente no es tonta y se acaba marchando si cotizan por menos horas de las que realmente trabajan.