La Generalitat dejará de reclamar deudas a fallecidos por cobros indebidos de dependencia

Illa anuncia que la Generalitat no reclamará deudas por cobros indebidos de dependencia cuando la persona haya fallecido o el error sea de la administración.

29 de abril de 2026 a las 16:58h
La Generalitat dejará de reclamar deudas a fallecidos por cobros indebidos de dependencia
La Generalitat dejará de reclamar deudas a fallecidos por cobros indebidos de dependencia

La Generalitat dejará de reclamar deudas por cobros indebidos de prestaciones de dependencia en los casos de personas fallecidas y también en situaciones derivadas de cambios en la situación personal cuando el error sea atribuible a la propia administración. El anuncio lo hizo este lunes el president Salvador Illa durante una visita a la residencia y centro de día de Gent Gran de Gràcia, en Barcelona.

La decisión llega después de casos como el de Lluís Boada, vecino de Valls de 23 años y con un 78 % de discapacidad, a quien el pasado marzo el Departament de Drets Socials i Inclusió reclamó 4.251,30 euros por supuestos cobros indebidos de una prestación económica vinculada a la Ley de Dependencia.

Un cambio tras miles de reclamaciones

Illa enmarcó la medida dentro del Pla Cura, anunciado recientemente para agilizar la tramitación de las ayudas destinadas a la atención de personas con dependencia. El president aseguró que el Govern quiere corregir una práctica que se venía produciendo desde hace años.

"Pondremos remedio a una situación que no se debería haber producido. Reclamar dinero a una persona que ha muerto parece una broma de mal gusto, pero hacía décadas que pasaba" - Salvador Illa, president de la Generalitat

Durante su intervención, Illa precisó que en 2025 la administración llegó a reclamar 10.665 deudas por cobros indebidos de prestaciones de dependencia. También recordó que, con la normativa vigente hasta ahora, esos importes se consideraban indebidos y por tanto se exigían incluso a los familiares de personas ya fallecidas.

"De acuerdo con la normativa que existía, se consideraban indebidos y por eso se debían reclamar a los familiares" - Salvador Illa, president de la Generalitat

El caso de Lluís Boada en Tarragona

En el caso de Boada, la cantidad reclamada respondía a una diferencia entre la prestación que debía percibir y la que siguió cobrando durante más de dos años. La asignación habría pasado de 387 a 228 euros mensuales, pero se le continuó abonando el importe anterior.

Illa avanzó que la condonación también se aplicará en supuestos como este, vinculados a modificaciones en la situación de la persona beneficiaria. Además, el Govern prevé cambiar el diseño de las prestaciones para evitar que vuelvan a producirse pagos indebidos. Si aun así se repitieran y fueran consecuencia de un error administrativo, tampoco se reclamarán.

Boada se mostró satisfecho con el giro anunciado y agradecido por que se haya actuado. Explicó que lo único que había hecho era reclamar sus derechos en más de una ocasión. Su diagnóstico incluye laminopatía, distrofia muscular severa, pérdida de control cefálico, insuficiencia respiratoria y anomalías cardíacas.

Disculpas del Govern y revisión del sistema

El conseller de Presidencia, Albert Dalmau, trasladó públicamente unas disculpas y agradeció a Boada haber denunciado una situación que ahora podrá corregirse. El mensaje del Govern apunta a una rectificación de fondo en la gestión de estas ayudas y en la relación con las personas afectadas.

No es la primera vez que Boada logra que una reclamación acabe en respuesta institucional. Hace dos años ya pidió poder disponer de asistente y transporte adaptado para desplazarse desde su casa en Valls hasta la Universitat Rovira i Virgili, donde estudia Psicología. Finalmente, la Generalitat le asignó los apoyos necesarios para asistir a clase.

"Cuando las personas con discapacidad nos ponemos en contacto con la administración, lo hacemos como cualquier otra persona, pero con el añadido de no disponer de tantas herramientas" - Lluís Boada

El joven tarraconense confía ahora en que el cambio anunciado vaya más allá de su caso y sirva para hacer más accesible la administración a las personas con más dificultades. Ese es el reto que el Govern sitúa ahora sobre la mesa, con la revisión de un sistema que durante años generó reclamaciones económicas a familias y beneficiarios por errores que, en parte, nacían dentro de la propia administración.

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