Josep Prat, exdirector de Innova y expresident del ICS, y el arquitecto Jorge Batesteza alcanzaron este lunes un acuerdo con la Fiscalía en la primera sesión del juicio del caso Innova en la Audiència de Tarragona. El pacto afecta a los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental, por los que el ministerio público pedía ocho años de cárcel para Prat.
El acuerdo llega catorce años después del inicio de la causa y antes de que arranque el juicio oral previsto para el 26 de mayo. Esa demora ha llevado a incorporar la atenuante de dilaciones indebidas en una vista que todavía mantiene abiertas las cuestiones previas planteadas por varias defensas.
La causa incorporó la atenuante tras catorce años de tramitación
Inicialmente, tanto Prat como Batesteza se enfrentaban a 10 años de prisión. Las acusaciones también han renunciado a la responsabilidad civil después de que ambos abonaran las cantidades que les exigía el Tribunal de Comptes.
La petición por tráfico de influencias mantiene dos años de cárcel.
Además de los delitos incluidos en el acuerdo, ambos acusados afrontan cargos por tráfico de influencias. Por ese apartado, la acusación solicita dos años de prisión, una multa de 200.000 euros y seis años de inhabilitación especial para cargo público.
Judit Gené, abogada de Prat, pidió en la vista el levantamiento del embargo de los bienes inmuebles. Los detalles del pacto, sin embargo, no se harán públicos hasta el final del juicio, cuando quedará rubricado de forma oficial.
Las defensas plantearon nulidades y la Fiscalía rechazó la indefensión
La sesión también sirvió para que varias defensas cuestionaran parte de la instrucción. David Rocamora, abogado de Carles Manté, sostuvo que hubo vulneración del derecho de defensa y pidió declarar nula la prueba obtenida desde el registro domiciliario.
"La Guardia Civil interpreta los documentos como quiere; el acceso a la información y a las conversaciones entre abogado y cliente es una pérdida de la equidad, es un fallo irrecuperable" - David Rocamora, abogado de Carles Manté
Antoni Maria Alujà, abogado del exalcalde de Reus Lluís Miquel Pérez, reclamó la nulidad de la pieza separada segunda por el secreto de actuaciones. También Josep Maria Pou, defensa de Ester Ventura, pidió anular la declaración policial que Prat prestó ante la Guardia Civil en marzo de 2016 porque no se realizó ante el resto de defensas.
La vista incluyó objeciones a la acusación popular sobre el contrato de la UTE Euroconsult Catalunya, S.A. y AXXO Gestión Proyectos, S.L.
Los abogados de Jose Vicente Gómez Rebollo y Sergi Luqui rechazaron que la modificación de ese contrato pueda constituir delitos de tráfico de influencias, organización criminal o fraude a la administración pública. Frente a esas objeciones, la Fiscalía defendió que el procedimiento se apoya en informes del Ayuntamiento de Reus y no en "recortes de prensa".
Carles Perdiguero, en representación de la acusación popular, afirmó que no existe indefensión y sostuvo que todos los delitos salvo uno están fundamentados. El tribunal de la sección cuarta de la Audiència de Tarragona deberá resolver ahora esas cuestiones previas antes del inicio del juicio fijado para el 26 de mayo.