La ocupación de las personas con discapacidad en Catalunya se sitúa en el 32,8%, muy por debajo del 74,1% general.
La brecha se repite en el paro y la actividad, con una distancia de 41,7 puntos respecto a la media catalana.
La tasa de ocupación se queda en el 32,8% y la de paro sube al 16,4%
Los datos del Idescat dibujan una distancia muy amplia entre la población con discapacidad y el conjunto del mercado laboral catalán. La tasa de paro de este colectivo alcanza el 16,4%, frente al 9% de la media general, y la tasa de actividad se queda en el 39,3%, 41,7 puntos por debajo del 81%.
Ricard Matas, director del ámbito de inclusión de Pere Claver Grup, vincula parte de la diferencia a la falta de incentivos y de transición hacia el empleo ordinario.
"Hay muchas personas que no se activan para encontrar trabajo" - Ricard Matas, director del ámbito de inclusión de Pere Claver Grup
El mismo responsable sostiene que no existe un puente fluido entre los centros de trabajo protegido y las empresas ordinarias, lo que limita la salida de trabajadores y la creación de vacantes para otros perfiles.
En su diagnóstico, las personas con discapacidad física encuentran más barreras para ajustar el puesto a sus necesidades. En el caso de la discapacidad intelectual, el salto a la empresa normalizada suele ser muy reducido, mientras que en los problemas de salud mental la continuidad laboral se complica por la intermitencia.
COCARMI denuncia que los ajustes razonables no llegan y que la ley no se cumple
Inma Gómez, directora técnica del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, sitúa el problema en varias fases del proceso, desde la formación hasta la contratación.
"Estas dificultades afectan a todas las etapas" - Inma Gómez, directora técnica del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat
Gómez añade que la formación sigue siendo una barrera y que eso impide dar el salto al mundo profesional con las mismas garantías que el resto. También afirma que los ajustes razonables de los puestos de trabajo, necesarios y obligatorios para que una persona con discapacidad pueda desarrollar su faena, muchas veces no se aplican.
La legislación española obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a reservar el 2% de la plantilla a personas con discapacidad, pero Gómez asegura que esa cuota no se cumple en muchos casos. Por eso reclama más inspecciones y más concienciación para que la contratación no responda solo a una obligación legal.
Las pymes concentran el empleo y piden menos trabas administrativas
Ricard Matas recuerda que la mayoría de las empresas catalanas son pequeñas y no están sujetas a la obligación legal de reservar plazas. Eso deja fuera del marco más exigente a una parte muy grande del tejido productivo.
Maria Àngels Benítez, responsable de Polítiques Socials i d’Inclusió Laboral de Pimec, defiende que existe voluntad empresarial para contratar, pero que falta intermediación con el resto de agentes sociales.
"Las empresas tenemos voluntad para contratar" - Maria Àngels Benítez, responsable de Polítiques Socials i d’Inclusió Laboral de Pimec
Benítez añade que el sistema no está pensado para las pymes, que son la amplia mayoría del tejido productivo de Catalunya, y subraya la complejidad administrativa como un freno añadido. También pide un acompañamiento tanto de la persona como de la empresa y que se eliminen las barreras burocráticas.
Ricard Matas resume el problema en una falta de coordinación entre los agentes implicados, mientras que Benítez reclama un sistema que tenga en cuenta a las pymes y un cambio de paradigma hacia políticas activas. Gómez, por su parte, insiste en que hay que hacer la educación más inclusiva y acabar con los estigmas.
Benítez reclama un apoyo específico para desarrollar y ejecutar los planes de igualdad en las pymes.