El Parlament ha reprobado a la consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, y al director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, por las infiltraciones policiales en asambleas de profesores, y ha pedido su cese. La cámara también ha reclamado la salida de la consejera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, si no alcanza un acuerdo inmediato con la comunidad educativa en el conflicto abierto con el profesorado.
La votación dibuja una mayoría amplia para censurar unas prácticas que la propia cámara considera una vulneración de derechos fundamentales, pero no una mayoría idéntica para todos los responsables políticos y policiales. El Parlament ha constatado que la infiltración de dos agentes en una asamblea sindical del profesorado, donde se organizaban jornadas de huelga y movilizaciones, cruzó ese límite.
Junts, ERC y la CUP sacaron adelante la reprobación de Parlon y Niubó
La reprobación y petición de cese de Parlon y Niubó prosperó con los votos de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya y la CUP. PSC-Units y el PPC votaron en contra, mientras que Vox, los Comuns y Aliança Catalana optaron por la abstención.
En el caso de Trapero, el bloque favorable fue más amplio. Junts, ERC, la CUP y los Comuns apoyaron su reprobación y cese, frente al rechazo de PSC-Units y PPC y la abstención de Vox y Aliança Catalana.
Además, la cámara instó al Govern a prohibir las infiltraciones de agentes de los Mossos d'Esquadra en movimientos sociales, asociaciones, colectivos o sindicatos cuando no exista autorización judicial. Ese punto salió adelante con el apoyo de casi toda la cámara, salvo el voto en contra del PPC y la abstención de Vox.
El Parlament sostuvo que dos infiltraciones vulneraron derechos fundamentales
La resolución parlamentaria sitúa el foco en la actuación de dos agentes dentro de una asamblea sindical del profesorado. Su presencia coincidió con la preparación de jornadas de huelga y otras movilizaciones del sector educativo.
Xavier Pellicer, diputado de la CUP, defendió que la moción pretendía frenar la impunidad y acabar con lo que definió como una deriva del Departament d'Interior contra el derecho de protesta. También aseguró que 13 de los 14 centros donde estaba prevista la prueba piloto ya la han rechazado.
Por parte de los Comuns, Andrés García Berrio reclamó un relevo en la dirección general de la policía y calificó de intolerable la infiltración en una asamblea de docentes.
Sònia Martínez, diputada de Junts, sostuvo que pedir disculpas no basta cuando se vulneran derechos fundamentales y censuró que el plan para introducir agentes en centros se hubiera impulsado sin consenso. Laia Cañigueral, diputada de ERC, recordó que su grupo ya había pedido el cese del director general de la Policía y definió los hechos como de extrema gravedad.
El PSC defendió que el Govern intenta evitar que vuelva a ocurrir
Christian Soriano, diputado de PSC-Units, rechazó la moción al considerar que parte de una premisa falsa sobre el modelo de seguridad. En su intervención, defendió que el Govern ha reconocido que la situación de las agentes infiltradas no gusta y que trabaja para impedir que se repita.
También reprochó a los grupos impulsores haber convertido la iniciativa parlamentaria en una acumulación de dimisiones, ceses y reprobaciones.
Pellicer añadió durante el debate que 13 de los 14 centros previstos para la prueba piloto ya la han rechazado, uno de los datos más concretos expuestos en la sesión.